Madrid. El proyecto de ley de Transparencia que aprobó ayer el Consejo de ministros endurece las penas previstas para los cargos públicos que falseen las cuentas causando un perjuicio económico a la administración, ya que abre la posibilidad de que sean sancionados con penas de prisión de uno a cuatro años.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó de los pormenores de esta ley, que ha sido endurecida tras los informes realizados por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. El anteproyecto de ley preveía castigar las conductas de cargos públicos que falsearan cuentas u ocultaran datos de naturaleza contable con una multa y una inhabilitación de hasta diez años.
Tras los informes de los dos órganos citados, el Ejecutivo avala modificar el Código Penal para que cuando esas conductas provoquen un perjuicio económico a la administración, pueda haber una pena de prisión entre uno y cuatro años.
Además, habrá una modificación de la ley electoral para que quienes incurran en una sanción muy grave por incumplir la ley de estabilidad presupuestaria no puedan presentarse a elección alguna en cualquier ámbito, ya sea en los comicios generales, autonómicos o locales.
Una vez asumidas las recomendaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, la vicepresidenta se mostró convencida de que la ley de Transparencia ha ganado "en rigor y en contundencia".
Destacó igualmente que esos y otros órganos constitucionales, como el Tribunal de Cuentas, deberán aplicar también la ley de Transparencia, así como las sociedades mercantiles en las que la participación pública sea de más del 50%. También se amplían los supuestos en los que los organismos de la administración han de publicar determinada información en sus respectivas páginas web. Es el caso de los convenios entre administraciones, algo que la vicepresidenta consideró importante, porque se trata de un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar duplicidades.
A ellos se suma una ampliación del ámbito de la publicación de las retribuciones y de las declaraciones de incompatibilidad. Asimismo, se refuerza la independencia y las garantías de control de la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Gobierno pero que deberá ser respaldado por mayoría absoluta del Congreso.
El proyecto de ley, remitido a las Cortes, obliga a los poderes del Estado y al conjunto de las administraciones públicas a contestar cualquier petición de información de un ciudadano siempre que no entre en conflicto con otro interés protegido.
