madrid. El Gobierno dio ayer un nuevo paso para endurecer las penas por fraude a la Seguridad Social, por lo que crear empresas fantasma pasará a estar castigado con hasta seis años de cárcel, mientras que se rebajará a 50.000 euros la cantidad defraudada mínima perseguible con penas de prisión.
Ambos extremos se incluyen en el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, un texto que fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso para su tramitación a la vuelta del verano.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que se trata de "recuperar la confianza y la credibilidad del país" a través de un cumplimiento "leal y responsable" de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y con un "cambio de mentalidad" en lo privado.
La idea es "acabar en España con esa visión tolerante frente al que defrauda, no paga impuestos, da facturas sin IVA y encima te lo pregunta con total desparpajo", o el que "va de listo por la vida, trabajando y cobrando subvenciones", aseguró la vicepresidenta.
empresas ficticias Sáenz de Santamaría recordó que se trata de dar mayores instrumentos a los inspectores de trabajo, toda vez que, por ejemplo, las empresas ficticias detectadas en los seis primeros meses del año han crecido un 537%, mientras que ha subido un 117,82% el porcentaje de contratos de trabajo simulados descubiertos.
Asimismo, se sancionará a quienes empleen en talleres clandestinos a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social o sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo.
