Madrid. El Gobierno del PP, consciente del amplio rechazo social que ha generado su histórico tijeretazo al Estado del bienestar y de su soledad parlamentaria a la hora de defenderlo, apela ahora al mensaje del miedo para intentar justificarlo. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, justificó ayer los recortes a los funcionarios en la falta de dinero para pagar las nóminas.
"No hay dinero y cuando no hay dinero hay que extender la jornada laboral", dijo el ministro, que insistió en que el sueldo de los funcionarios depende de los impuestos, por lo que si no sube la recaudación, hay riesgo de impago de las nóminas.
"Y eso es lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales y hay que decirlo sensatamente, sin hacer esos aspavientos, entendiendo que no estamos renunciando a privilegios de nada", subrayó Montoro, que dijo que lo que debería hacer el PSOE es "ayudar" al Gobierno a explicar a los empleados públicos la realidad.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso y en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Meritxell Batet, Montoro afirmó que cuando se aumenta el número de empleados públicos, tal y como ha pasado en estos años de crisis, y la recaudación no sube, pagar los salarios públicos se convierte en un problema. Montoro aseguró que el compromiso de los empleados públicos es fundamental para salir cuanto antes de la crisis y se mostró convencido de que ellos son los primeros en querer contribuir a ello. Por su parte, la diputada socialista Meritxell Batet criticó que el Gobierno esté buscando "falsos culpables" de la crisis y advirtió de que los empleados públicos sin un activo para salir de ella, no la causa de la misma.
Menos liberados Montoro también cuantificó en 6.000 los liberados sindicales de la administración pública que deberán volver a su puesto de trabajo, 2.000 de ellos de la administración central. Según fuentes del Ministerio de Hacienda estos 6.000 trabajadores son un 66% de los liberados sindicales del total de las administraciones. En la administración general del Estado quedarán solo 1.000 trabajadores dedicados por completo a labores sindicales.
Previamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, constató ayer el rechazo de la oposición parlamentaria a los últimos recortes, pero garantizó que no hay alternativa porque el Ejecutivo "desgraciadamente no puede decidir entre un bien y un mal, tiene que decidir entre un mal y un mal peor". Rajoy se sometió a la última sesión de control al Gobierno que se celebra en el pleno del Congreso antes de las vacaciones de verano, con el Palacio de las Cortes vallado para alejar las protestas.
En los pasillos de la Cámara y en vísperas de las manifestaciones convocadas por los sindicatos, ha asegurado que es "absolutamente consciente" de que las medidas adoptadas son "duras y difíciles", y que el esfuerzo que está pidiendo "a mucha gente le hace daño", pero garantizó que España no tiene "otra alternativa". En el hemiciclo, cuestionaron los recortes tanto los líderes del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de IU, Cayo Lara, como el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, y a todos Rajoy les dijo que si se hubiera encontrado otra situación al llegar a la Moncloa no habría aprobado "buena parte" de los últimos ajustes. El líder del PSOE advirtió a Rajoy de que "desentendiéndose de los desempleados, machacando a impuestos y cortando el empleo público" sólo se generará "más injusticias y sufrimiento". El portavoz de CiU afeó a Rajoy que actúe más sobre los ingresos que sobre el gasto porque habrá menos consumo, más recesión y más paro, y le recriminó también que impida a las autonomías flexibilizar su objetivo de déficit para este año. Por su parte, Cayo Lara acusó al Gobierno de aplicar "la ley del embudo", con la parte ancha para los defraudadores y la estrecha queda para las capas más vulnerables de la sociedad.
