Vitoria. La decisión que ayer devolvió el certificado de legalidad a la izquierda abertzale fue acogida con una satisfacción muy generalizada entre la clase política y la sociedad que sólo encontró su contrapunto en el PP, UPyD y las más reticentes asociaciones de víctimas.
Los socios de la coalición soberanista Euskal Herria Bildu, a la que al fin podrá sumarse ya Sortu de pleno derecho, se citaron para hacer una valoración conjunta hoy, pero algunos de sus integrantes no quisieron esperar para celebrar una noticia tan esperada. El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, afirmó que "es un hecho positivo para la consolidación de la democracia y de la normalización social y, por lo tanto, para la paz", que además impulsa a los socios de EHB "a trabajar y plantear nuevas metas en el campo de las víctimas, los presos y la convivencia social". Desde EA, Pello Urizar coincidió en este análisis de una sentencia que aseguró que era "la única posible" y, dando una vuelta al aplauso, apuntó que tras este fallo resulta "demencial" mantener en la cárcel a los condenados por el caso Bateragune, entre ellos Arnaldo Otegi. Por último, Alternatiba celebró la legalización, aunque "llega tarde" y pidió "terminar con el resto de procesos políticos".
Pero las felicitaciones por esta noticia desbordaron claramente los límites de la coalición. Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, subrayó que esta decisión contribuye a "normalizar jurídicamente lo que era normal política e institucionalmente". Y en este sentido coincidió en pronunciarse el propio Gobierno Vasco que, por boca de Idoia Mendia, aplaudió una decisión que "legaliza y ratifica una realidad que ya existía en Euskadi y en España" tras las últimas citas electorales, y aprovechó para dejar caer su deseo de que esta legalización "produjera de alguna manera un impulso" a "los principios democráticos que vienen recogidos en los estatutos de este nuevo partido". Igualmente, la cúpula estatal del PSOE aplaudió una decisión "coherente" con la sentencia sobre Bildu y que, también para Ferraz, supone un "paso positivo en la normalización" en el País Vasco, algo que suscribieron IU y EB. "Ahora ya no caben excusas. Es el momento de la política con mayúsculas, el momento de hablar y cooperar, el momento de avanzar hacia una convivencia en la que nadie más sea excluido por medio de la violencia o las ilegalizaciones", añadió Lokarri.
del "escándalo" a la "humillación" La más visceral respuesta llegada desde el ámbito político volvió a ser la de UPyD, donde Rosa Díez no dudó en hablar de un "escándalo" ante el que amenazó con plantar batalla.
En el seno del PP, las valoraciones tuvieron distintas temperaturas, pivotando siempre eso sí sobre la crítica. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, transmitió la "discrepancia" del Gobierno con la decisión del Tribunal Constitucional para a continuación reiterar la "inquebrantable voluntad de lucha permanente contra el terrorismo" de su Gabinete, y anunciar que esperará a conocer el contenido de la sentencia y de los votos particulares para medir los límites que se establecen a la participación política de Sortu y el margen de actuación del Ejecutivo. El número dos del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, también criticó un fallo que, a su juicio, "no contribuye a que ETA se disuelva, entregue las armas y reconozca el daño causado", al tiempo que quiso echar un capote al Gobierno ante los críticos asegurando que éste "supone una garantía para poder terminar de una vez por todas con el terrorismo".
Y es que, incluso desde el propio PP, voces como la de su eurodiputado Carlos Iturgáiz -que habló de "tragedia" que da a ETA capacidad para "destruir España"-, volvieron a vincular estas decisiones a la continuidad del procesos negociación abierto en Loiola. "Es una humillación para las víctimas y no entiendo que voluntad hay de favorecer al entorno de ETA", dijo también la compañera de bancada de Iturgaiz Teresa Jiménez Becerril con un trazo grueso que compartieron algunas asociaciones de víctimas. Francisco José Alcaraz, de Voces contra el Terrorismo criticó un fallo "político" que del que hizo "corresponsable" al PP, mientras Dignidad y Justicia entendió la sentencia como "un fracaso de la democracia" que se pagará "con dinero y con tiros".
