GASTEIZ. El decreto ha sido aprobado hoy por el Gobierno Vasco, cuya portavoz, Idoia Mendia, ha subrayado que con el mismo el Ejecutivo autonómico "reconoce la injusticia del sufrimiento" de estas víctimas y deja clara su voluntad de paliarlo.
El colectivo afectado por este decreto abarca a quienes padecieron "sufrimientos injustos" como consecuencia de la vulneración de sus derechos producida en el País Vasco entre 1960 y 1978, "en el contexto de la violencia de motivación política vivida durante ese periodo".
El decreto considera violencia de motivación política la que fue ejercida por funcionarios contra el ejercicio de los derechos de las personas, la que se dio con intención de influir en la sociedad y la que se llevó a cabo en un contexto de impunidad.
Quedan excluidos del mismo las personas que se vieron afectadas cuando realizaban actividades terroristas. Sí que podrán acogerse al mismo los miembros de ETA, Txiki y Otaegi, fusilados en el franquismo.
El borrador contempla que sea una comisión de valoración creada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco la que declare la condición de víctima.
Esta comisión deberá estar conformada en el plazo máximo de un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, es decir, como muy tarde el 19 de julio, fecha a partir de la cual este órgano comenzará a estudiar las peticiones.
El decreto contempla indemnizaciones que van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros, para los casos de gran invalidez.
El Departamento de Mendia cuenta con datos de 62 fallecidos por este tipo de violencia en Euskadi antes de 1978, aunque sólo ha podido ponerse en contacto con 25.
La portavoz también ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha considerado "impresentable e injusto" equiparar las víctimas de ETA con quienes han sufrido los "daños colaterales" y "actuaciones no deseables" que se han producido en el marco de casi cincuenta años de lucha antiterrorista.
Mendia ha insistido en que el decreto cuenta con el aval del Gobierno central, ya que el vasco ha incluido todas las alegaciones remitidas por el Ministerio de Hacienda para que se ajuste a la normativa vigente y no sea declarado inconstitucional.
Por ello, ha opinado que "el ministro de Interior no se ha debido leer el decreto" y ha invitado a Fernández Díaz a hablar con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, para que le explique su contenido, después de opinar que "un dirigente público debería estar informado de todo lo que afecta a su actividad".
Asimismo, ha defendido que las víctimas del terrorismo y las reconocidas por este decreto "son distintas, pero el sufrimiento es el mismo".
