madrid. La sala de admisión de causas especiales del Tribunal Supremo decidió ayer elevar al pleno de la sala de lo penal la querella que la asociación Preeminencia del Derecho presentó contra el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, por un posible delito de estafa derivado de los gastos de sus viajes a Marbella (Málaga), supuestamente pagados con dinero público. Así lo acordaron los cinco magistrados de la Sala de Admisión de Causas Especiales del alto tribunal (José Manuel Maza, Miguel Colmenero, José Ramón Soriano, Perfecto Andrés Ibáñez y Juan Saavedra), que consideraron que, ante la relevancia del caso, debe ser un pleno jurisdiccional el que decida sobre la querella. Además, mientras dos de ellos (Maza y Andrés) se mostraron partidarios de poner en marcha nuevas diligencias de investigación contra Dívar, los otros tres fueron partidarios de archivar la querella.

Así, el asunto será abordado por un pleno que se celebrará el próximo miércoles a las 11.00 horas y al que asistirán catorce de los quince magistrados que componen la Sala de lo Penal, ya que no estará presente Francisco Monterde para evitar su contaminación, pues sería el instructor de la querella en caso de admitirse a trámite.

Los magistrados tuvieron sobre la mesa el informe dado a conocer el pasado viernes por el que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la admisión de la querella interpuesta. El Ministerio Público no ve delito porque pagó parte de sus viajes y la normativa no le obligaba a justificarlos. Llega a afirmar que Dívar fue acomodándose "caso por caso, viaje por viaje, a las exigencias derivadas de las funciones que le correspondía desempeñar".

denuncia archivada Preeminencia del Derecho presentó primero una denuncia, que fue archivada, y posteriormente la transformó en querella por no considerar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con sus viajes a Puerto Banús, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este mismo año.

A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.

"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.