vitoria. El Parlamento Vasco instó ayer al Gobierno autonómico que antes del 15 de septiembre envíe a la Cámara un informe sobre nuevas medidas para intensificar el control y aumentar la transparencia en la actividad pública. Todos los grupos votaron a favor de este texto, fruto de una transacción entre el PP y el PSE-EE a una iniciativa original de los populares, excepto el PNV y Aralar, que se abstuvieron.
El único punto aprobado pide al Ejecutivo un informe que recoja las líneas de actuación y una propuesta de medidas relacionadas con las recomendaciones incluidas en el dictamen de la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en diversas contrataciones del anterior Gobierno del PNV y el presunto espionaje en Álava, conocido como caso Miñano o caso De Miguel. Ese dictamen fue aprobado por el Pleno del Parlamento Vasco el pasado día 10 de mayo y en él se atribuían responsabilidades políticas en el caso a excargos del PNV.
Se instaba también al Gobierno Vasco a intensificar los controles para "una correcta administración de los recursos públicos" y a que remita a la Cámara "nueva legislación en aras a una mejor transparencia de la actividad política". Como respuesta a estas propuestas, PSE-EE, Aralar, EA, IU-Ezker Anitza y UPyD registraron hace unos días una iniciativa, finalmente decaída, en la que pedían que los cargos públicos y los de libre designación en las administraciones y empresas públicas actualizaran anualmente sus declaraciones de bienes. Proponían además a todas las administraciones públicas que modifiquen las normas necesarias para facilitar el control ciudadano de los cargos y las empresas públicas. También planteaban que las administraciones deberían ampliar los contenidos del perfil de contratante, que registra las relaciones entre la administración y sus suministradores, hasta permitir el acceso completo a un procedimiento por cualquier ciudadano.
