bilbao. La última operación policial contra ETA ha vuelto a sacar a la luz vicios del pasado. El primero en aplicar esta estrategia fue el Gobierno de Mariano Rajoy, que tras la detenciones de Oroitz Gurrutxaga y Xabier Aranburu, no dudó en situar al primero de ellos en la cúspide del aparato militar, cuando todos los datos apuntan a que era un miembro de base de la organización armada sin poder de mando en la banda. Unas detenciones que se produjeron 48 horas antes de que los ministros del Interior de Madrid y París se reunieran en su segundo encuentro en lo que va de mes, y que han despertado cierta polvareda al conocer, según indicó el propio Jorge Fernández Díaz, que Gurrutxaga y su supuesto lugarteniente iban armados y transportaban material explosivo en el momento de ser capturados. Una información que ayer copó buena parte de los titulares y que fuentes de la izquierda abertzale consultadas por este diario consideraron una mera "intoxicación" de Madrid y París para "intentar poner a cero" el contador de los pasos que, a su juicio, se vienen dando desde que ETA decretó el cese de sus actividades armadas en octubre.

Sobre el hecho de que los últimos detenidos portaran todo el material necesario para la fabricación de explosivos, desde la antigua Batasuna reiteraron su apuesta por las vías exclusivamente políticas e instaron a los Gobiernos español y francés a dialogar con la banda sobre las cuestiones técnicas (entrega de armas) para evitar que los activistas que siguen operativos tengan que desplazarse de un lado a otro con el polvorín a cuestas.

justificación de barrena Un mensaje que llegó horas después de que Pernando Barrena justificara la tenencia de armas por parte de los integrantes de ETA. Para el dirigente abertzale, el hecho de que los miembros de la banda que se encuentran en la clandestinidad porten armas obedece a razones de "protección personal". Una decisión en la que puede influir, según indicó, el "secuestro" y posterior desaparición del miembro de ETA Jon Anza, cuyo cuerpo fue localizado en una morgue de Toulouse casi un año después de ser visto por última vez. Un caso que volvió a poner sobre la mesa las acusaciones de guerra sucia contra las Fuerzas de Seguridad estatales. "Los detenidos tienen un compromiso de no utilizar esas armas, la prueba es que los dos portaban armas perfectamente utilizables y no las emplearon. Se hace desde una perspectiva de precaución y de seguridad personal", enfatizó, antes de recordar cómo la Comisión Internacional de Verificación ya corroboró este extremo en una de sus últimas visitas.

Lo que Barrena no comentó es que el grupo de verificación encabezado por Ram Mannikkalingam no quedó satisfecho con la respuesta que les trasladaron los representantes de la banda. "ETA nos ha dicho que seguirán llevando armas personales, pero no las va a utilizar ni para evitar posibles detenciones ni para llevar a cabo operaciones ofensivas. Sólo van a recurrir a las pistolas si su integridad está bajo amenaza", remarcó el portavoz de la Comisión Internacional de Verificación el pasado 4 de marzo, después de mostrar su preocupación a los miembros de la organización al comprobar cómo tres activistas que fueron detenidos a principios de año en una estación de tren de París iban armados en el momento de ser capturados. "No nos satisface y seguiremos insistiendo para que no lleven armas", apostilló Mannikkalingam al informar sobre sus contactos con ETA.