madrid. El juez Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, reclamó ayer a la Comunidad de Madrid la documentación sobre la adjudicación a empresas de la trama de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si los exdiputados regionales del PP Alberto López Viejo y Alfonso Bosch recibieron pagos.
En un auto, el juez de la Audiencia Nacional da al Gobierno autonómico el plazo "improrrogable" de un mes para que le remita "toda la documentación que obre en su poder sobre la adjudicación y facturación" de esos actos, que van desde la conmemoración del 25 aniversario de los Ayuntamientos democráticos el 21 de junio de 2004 a uno celebrado en una residencia de mayores en diciembre de 2006.
El magistrado acuerda estas diligencias a raíz de la documentación intervenida en la "caja B" encontrada en una de las oficinas de la empresa Easy Concept y, sobre todo, de las facturas incluidas en un archivo informático hallado en el domicilio de su responsable e imputada en la causa, Isabel Jordán.
La Fiscalía, en vista de esa documentación, solicitó al juez que, como ha hecho ahora, reclamara la referida "a actos y contratos adjudicados por distintas entidades públicas por los que habrían podido recibir pagos alguno de los imputados en esta causa (Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, entre otros)".
