Bilbao. La Fiscalía Provincial de Bizkaia ha decidido archivar la causa contra el cuñado del lehendakari Patxi López, Melchor Gil, al no apreciar "hechos constitutivos de delito" en la documentación aportada por la Hacienda de la Diputación vizcaina. En la misma se constataba que el vicesecretario general del PSE de Bizkaia gastó 419.074 euros de procedencia desconocida en construirse un chalé con piscina en Castro Urdiales (Cantabria). Tal y como adelantó ayer Onda Vasca, la fiscal jefe del territorio, Carmen Adán del Rio, emitió un informe fechado el 6 de mayo, domingo, en el que notificaba al propio Gil y al ente foral el archivo de la investigación sobre los supuestos delitos económicos cometidos por el dirigente socialista.

Esta decisión implica que, salvo que la Diputación Foral presente directamente una denuncia en los juzgados, Melchor Gil evitará sentarse en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por sus actividades y, por tanto, no será juzgado. Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía no aprecie elementos suficientes para seguir con esta causa por la vía penal no implica que el procedimiento administrativo se haya paralizado. Es decir, que el Ministerio Público haya decretado que no hay delito no significa que no se hayan producido irregularidades fiscales.

De hecho, en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso DNA, se afirma que el cuñado del lehendakari presentó documentos "no reales" para justificar los pagos con los que luego se financiaría su segunda vivienda en Cantabria. Explica que "los tipos penales de falsedad se encuentran en este momento en una interpretación sumamente restringida, acogida por parte de esta Audiencia Provincial que, dando por probado el hecho de que se ha producido la creación de un documento no real de procedimiento tributario y aún sin encontrarle justificación, no considera tal falsedad relevante a los efectos del delito del artículo 390 del Código Penal".

El principal motivo que levantó las sospechas de la hacienda vizcaina respecto a Melchor Gil fue la procedencia, no justificada, del dinero con el que financió su segunda residencia. Sin embargo, resulta llamativa también la versión aducida por el afectado para recibir el cobro de esa abultada suma. Según recoge la Fiscalía en su escrito, el hermano de la esposa del lehendakari, Begoña Gil, pidió dinero prestado para cubrir los gastos médicos de un familiar. Como posteriormente no fue necesario para este fin, lo destinó a construir su chalé en Castro. El propio informe de la Fiscalía detalla que "en la declaración prestada por don Melchor Gil, se justifica la existencia de tales cantidades en su patrimonio por razón de préstamos de personas que le proponen ayuda para los gastos derivados de la enfermedad de un familiar. Al no ser finalmente necesarias para ello, se destinan por su parte y con conocimiento de quienes las entregaron, a pagos relativos a vivienda".

Pese a dar también por acreditado que Melchor Gil obtuvo "ganancias no justificadas entre 2006 y 2009", el Ministerio Público entiende que no son motivos suficientes para encausar penalmente al socialista, por lo que el procedimiento sigue adelante por la vía administrativa. Esta situación implica que el cuñado del lehendakari se enfrentaría, en el peor de los casos, a una sanción económica. La única opción de que el proceso siga su recorrido judicialmente -algo que parece poco o nada probable- es que aparezcan nuevas pruebas que incriminen a Gil, una hipótesis en la que, en cualquier caso, sería nuevamente la Fiscalía la que determinaría el recorrido penal del caso.

Una situación similar se produjo con la exalcadesa socialista de Lasarte-Oria Ana Urcheguía, cuya causa por las presuntas irregularidades de las ayudas a la cooperación del municipio guipuzcoano fue archivada en un primer momento por la Fiscalía, el mismo organismo que la reabrió tras aparecer nuevas pruebas.

Sobre el caso Gil, el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, ya adelantó el pasado 3 de abril que estas supuestas irregularidades no revestían de gravedad desde el punto de vista legal, ya que las imputaciones tenían tipificadas penas inferiores a cinco años. Además, auguró un escaso recorrido en los tribunales a este caso, una impresión que se ha cumplido de lleno.

Declaraciones políticas Los partidos políticos vascos, así como la Diputación de Bizkaia, hicieron ayer de la cautela su mejor respuesta antes de entrar a valorar la decisión de la Fiscalía de archivar el caso Gil. Desde el ente foral aseguraron a este periódico que han actuado "haciendo lo que tenían que hacer", que es poner en conocimiento de la Fiscalía las sospechas por un presunto delito económico. Del mismo modo, reiteraron que la investigación abierta para determinar el origen de la filtración del expediente de Gil sigue su curso y "en breve" aportaran los datos necesarios para conocer su procedencia. Los principales partidos con representación parlamentaria, PNV, PP y PSE, abogaron por guardar silencio ante el decreto de la fiscalía, aunque el portavoz de este último partido en la Juntas de Bizkaia, Iñaki Egaña, valorará hoy en Bilbao el cierre de las diligencias informativas contra Melchor Gil.

A falta de conocer la valoración que realiza el PSE, todo apunta a que centrará sus críticas contra el PNV, partido al que ya acusaron de estar detrás de la filtración del expediente de Gil antes incluso de que la Fiscalía abogara el pasado domingo 6 de mayo por archivar la querella abierta contra el vicesecretario general del PSE. El propio Gil ya acusó a los jeltzales de utilizar la Hacienda vizcaina para lanzar una campaña de acoso y derribo contra el PSE. De hecho, presentó una querella por vía penal por la filtración de "documentos personales y confidenciales" ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, organismo del que el lunes tomaba posesión Iñaki Pariente de Prada, juez afín al PSE que llegó a ser cabeza de lista de los socialistas.