Madrid. La Generalitat de Catalunya aprobó ayer su nuevo plan de ajuste, el tercero que aprueba en un año y cuatro meses, y que implica una reducción presupuestaria de 1.500 millones de euros a través de la reducción de un 5% en los complementos salariales de los empleados públicos, la implantación de matrícula en los ciclos formativos, suspender subvenciones y privatizar las concesiones de autopistas que gestionan empresas públicas (como ocurre con los Túneles de Vallvidrera); y ajustes de trabajadores de empresas públicas. Según el presidente catalán, la Generalitat toma estos ajustes "obligada" por el Estado ya que debe aplicar al pie de la letra los decretos sobre educación y salud aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En un primer momento el Govern aseguró que estos decretos apenas tendrían un impacto presupuestario, cifrándolo en poco más de 150 millones, pero Mas asegura ahora que se cree la "palabra" de Rajoy y que se podrán ahorrar 1.500 millones aplicando estos decretos y otras medidas, cumpliendo así el déficit previsto para final de año, del 1,5% del PIB catalán. Cumplir el déficit es el objetivo de la Generalitat, por lo que Mas no descarta que en un futuro pueda haber nuevos recortes, aunque añadió que "todas estas medidas no serían necesarias si Catalunya tuviera el pacto fiscal que anhela".

Sevilla Pero no es Catalunya la única comunidad obligada a sacar la tijera para cumplir los objetivos de déficit impuestos desde Madrid. También lo hizo ayer la Junta de Andalucía que, en su caso, opta por recortar el sueldo de sus funcionarios y por subir los impuestos directos (el IRPF en este caso). El Ejecutivo andaluz espera ahorrar con estas medidas 2.500 millones de euros.

El drástico ajuste, el mayor de la autonomía, viene recogido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio (2012-2014) aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta que lo enviará de inmediato al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y representa el 12% del presupuesto andaluz de 2012, que asciende a 32.020 millones de euros. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, justificó las decisiones adoptadas recordando que Andalucía tendrá una minoración de ingresos de 3.500 millones de los presupuestos estatales. Por ello, se plantea la puesta en marcha de medidas que posibiliten mayores ingresos por 1.000 millones (subida del IRPF) y reducir el gasto (en nóminas de funcionarios) en 2.500 millones.

En el capítulo de gastos, la Junta llevará a cabo una reducción de altos cargos y delegados (seis por provincia) como consecuencia de la reducción de consejerías, y les rebajará un 5% los sueldos. En cuanto a los funcionarios, los recortes de nómina oscilarán entre el 0 y el 6,5%, aunque en el caso de los trabajadores públicos sin estatus funcionarial, los recortes (tanto en sueldo como en jornada) serán del 15%.