El 29 de noviembre de 2009, desde el escenario del Teatro Principal de Vitoria, la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, dio por cerrada una etapa y abrió un nuevo tiempo en el proceso de superación de la violencia política. "Ayer reconocimiento, hoy memoria", sentenció la esposa del asesinado Juan Mari Jáuregui, poniendo el colofón a una fase de grandes homenajes y resarcimiento a un colectivo apartado en un rincón de la vida pública durante décadas. Con el acto de Vitoria se abrió un proceso cuyo recorrido inicial ha sido tortuoso, pero en el que la inmensa mayoría de los partidos políticos vascos se han implicado, unidos bajo el compromiso, no siempre cumplido, de desligar la memoria de las víctimas del terrorismo de las miserias del día a día de la política y las estrategias partidistas.
Hoy lunes se abre el Congreso sobre Memoria y Convivencia con el que el Gobierno Vasco quiere marcar un punto de inflexión, ahora que el fin de ETA no parece tener vuelta atrás, y aunque la crispación propia de una sociedad contaminada por la violencia sigue ahí, instituciones y partidos parecen dispuestos a dar por superado el pasado sobre la base del recuerdo de lo que sucedió.
Mapa de la memoria
Allí donde sucedió
Diez días antes de que se celebrara el multitudinario acto de Vitoria, el 19 de noviembre de 2009, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, anunciaba la creación de un Mapa de la Memoria llamado a reflejar los lugares donde se han producido atentados terroristas. Desde entonces, municipios de prácticamente todos los colores políticos han rendido homenajes simbólicos que siempre siguen una misma pauta. Una ofrenda con la siempreviva, la flor que representa a las víctimas del terrorismo como protagonista, la colocación de una placa de recuerdo, y la aprobación de una moción que aboga por mantener vivo el recuerdo de las víctimas. Ayuntamientos como Lasarte, Zumarraga, Getxo, Elburgo, Beasain y así hasta superar la treintena se han sumado a una iniciativa que ha ido desarrollándose en estos tres años desde la discreción.
El día de la memoria
La fotografía de la división
En abril de 2010, los grupos del Parlamento Vasco recibieron una propuesta del Departamento de Interior. La consejería de Rodolfo Ares proponía fijar el 10 de noviembre como el Día de la Memoria, la jornada en la que recordar a las víctimas del terrorismo precisamente porque nunca nadie había sido asesinado por motivos políticos en esa fecha. Desde un primer momento y hasta el día de hoy, la iniciativa ha servido más para dividir que para otra cosa, pues desde el nacionalismo se interpretó que se buscaba rendir tributo a las víctimas de ETA y no a las de otras manifestaciones violentas. Eran los días en los que la causa de los damnificados por la violencia policial acababa de instalarse en la opinión pública, fruto del trabajo de cocina que Aralar, PSE y también PNV venían realizando en el Legislativo desde hacía años. Esas víctimas no iban a estar en el Día de la Memoria, principalmente por el recelo del PP y de asociaciones como Covite o la AVT, a que se quisiera equiparar a quienes murieron en comisarías, manifestaciones o controles de carreteras con los damnificados por el terrorismo contemplados en la Ley de 2008. En 2010, Aralar y EA decidieron no acudir a un acto que no pudo ser respaldado por una declaración institucional del Legislativo.
Un año más tarde ninguna posición había cambiado y el Día de la Memoria amenazaba con ser una nueva escenificación del disenso sobre las víctimas de la violencia política pese a que la inmensa mayoría de la Cámara no deseaba que así fuera y trabajaba además para evitarlo. A un mes de la efeméride, PP y UPyD presentaron una moción en el Parlamento en la que pedían "no desvirtuar ni modificar el propósito inicial del Día de la Memoria" y limitarlo al homenaje a las víctimas de grupos terroristas. La moción ni prosperó ni generó la clásica polarización del Legislativo en este tipo de cuestiones, pero sí avanzó una tensión en la Cámara que iba a estallar, de forma silenciosa, el propio diez de noviembre.
Los partidos acordaron rendir un tributo a las víctimas sin palabras, discursos y declaraciones, pero la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga, encontró la manera de hacer salir triunfante a su partido y sus tesis. "A las víctimas del terrorismo", rezaba la corona de flores que depositó a las puertas del Legislativo, ante la indignación de los partidos nacionalistas, que colocaron su propio centro floral. Esa fue la foto del día.
Plan de convivencia
Armisticio de última hora
Ha sido una de los temas candentes de la legislatura, un campo de batalla entre nacionalistas y constitucionalistas que ha terminado en armisticio y lejos de los focos que pervirtieron el debate desde el primer día. En su entusiasmada filosofía de la tolerancia cero, el Gobierno Vasco decidió modificar en plan de convivencia en las aulas del lehendakari Ibarretxe para dotarle de un contenido ideológico más afín a los nuevos postulados de Ajuria Enea. Desde un primer momento la cuestión hirvió en el Parlamento Vasco y en los medios.
La crispación de siempre se trasladaba a los colegios y un plan que hasta entonces se había desarrollado de forma discreta saltó a los medios y se hizo imposible de gestionar, porque cada movimiento con respecto a este tema era debidamente aireado por el Ejecutivo y sazonado a su gusto, y a la vez la oposición vilipendiaba de entrada cualquier iniciativa que uniera terrorismo y centros escolares.
Al final la experiencia, concretamente la presencia de las víctimas en las aulas, se desarrolló tal y como los profesionales de la cuestión llevaban planificando desde hacía años y la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Isabel Celaá, convocó a agentes educativos y sindicatos para firmar con ellos el Compromiso del Carlton, por el que se asume que "puede haber distintas aproximaciones en el planteamiento de cómo debe encararse la educación en derechos humanos y por la paz", en palabras de Jon Mirena Landa, director de Derechos Humanos con el Gobierno de Juan José Ibarretxe.
Centro de la memoria
La cuadratura del círculo
Difícil, muy difícil tarea la que emprendieron los grupos parlamentarios para sacar adelante un centro de la memoria previsto en la Ley y que amenazaba con convertirse en un callejón sin salida desde que surgió el debate de las víctimas de motivación política. Si estaban, el PP y UPyD boicotearían la creación de un centro que ambos grupos exigían limitar a las víctimas del terrorismo previstas en la Ley de 2008. Cualquier otra cosa sería equiparar a víctimas y verdugos. Sin embargo, ni PNV, ni Aralar ni Eusko Alkartasuna ni probablemente Ezker Batua iban a tolerar que este colectivo quedara apartado o marginado en el capítulo de la historia de Euskadi que parece haberse cerrado definitivamente.
Así, los grupos y el Ejecutivo autonómico optaron por crear un Instituto de la Memoria que se ocupara de coordinar todos los espacios llamados a recordar violaciones de derechos humanos, desde los represaliados de la Guerra Civil hasta las víctimas de ETA y el GAL, y también las de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Todos ellos serán recordados bajo un mismo paraguas institucional, juntos; pero su presencia se distribuirá en diferentes museos, memoriales o centros, no revueltos.
La solución se alcanzó tras conocer diversas experiencias de países que han sufrido graves vulneraciones de derechos humanos cometidas por compatriotas sobre compatriotas, una circunstancia que ha cronificado las heridas allí donde se ha producido.
