vitoria. Año y medio de trabajo parlamentario sobre los supuestos casos de cohecho y espionaje que sacudieron la escena política alavesa hace ya más de dos años y cuya investigación por la Justicia aún está en proceso. El Pleno Parlamento Vasco dio ayer carpetazo al dictamen en el que la Comisión de Investigación del denominado caso Miñano o caso De Miguel ha plasmado su convicción respecto a las responsabilidades políticas de los excargos del PNV implicados en la trama. Unas conclusiones que fueron aprobadas con el consenso de toda la Cámara salvo la bancada jeltzale, cuyo voto en contra explicó el PNV en defensa de la presunción de inocencia y, en el caso de la pieza relativa al supuesto espionaje a personalidades del territorio, porque sólo se han aportado "cotilleos de taberna".

Las derivadas políticas del caso son indudables, por el terremoto que supuso en su momento para la Diputación presidida por Xabier Agirre, por el efecto electoral que su posterior investigación pudo tener en los comicios municipales y forales de mayo de 2011 y, finalmente, por la influencia que el propio expresidente del Araba Buru Batzar, Iñaki Gerenabarrena, reconoció en el proceso de renovación del partido en Álava que concluyó con el azaroso nombramiento de Agirre al frente del ABB el pasado marzo. Unas circunstancias por las que el PNV denunció "los juicios paralelos", aunque el PSE insistió en pedirle el voto porque "los hechos demuestran que esto no ha sido una caza de brujas emprendida por el PSE y el PP contra el PNV".

El núcleo del dictamen, que oficialmente se hizo público ayer y que elimina la referencia a la exconsejera de Industria Ana Aguirre, que se había incluido en el texto provisional y sobre la que no pesa imputación alguna, se dedica a analizar las cuatro líneas de investigación en las que dividió la comisión su trabajo.

las conclusiones En la primera de las líneas de investigación, la relacionada con presuntas contrataciones irregulares por parte del anterior Departamento de Cultura dirigido por el PNV, se acusa al exdirector de Juventud Javier Sánchez Robles de haberse servido de su cargo para favorecer a tres empresas, gestionadas por personas vinculadas con el mismo partido, con facturaciones de trabajos que no consta que fueran realizados. Señala también como responsable político al exviceconsejero Gurutz Larrañaga por no controlar la actividad de su director. Además, se pone de relieve que no se puede obviar el papel que jugó la consejería de Cultura y la función que tuvieron destacados miembros del PNV en Álava como Alfredo de Miguel -que se vio obligado tras su detención a dimitir de su cargo de diputado foral de Administración Local en el Gabinete de Xabier Agirre-, Aitor Telleria, Koldo Otxandiano e Iñaki San Juan, todos ellos imputados en el caso.

En la segunda línea de investigación, la relacionada con el supuesto espionaje a personalidades de la vida política y económica alavesas, se limitan las referencias a los tres encausados: el exburukide Aitor Telleria y dos ertzainas.

Con respecto a la tercera investigación, centrada en las presuntas contrataciones irregulares en el Parque Tecnológico de Miñano, el dictamen considera que el exdirector, Alfonso Arriola, y el expresidente de la red vasca de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, fueron los responsables políticos de la contratación de Urbanorma para la compra de unos terrenos y la petición de comisiones. En el caso de la adjudicación irregular a Stoa, acusa al exdirector gerente del Instituto Foral de Bienestar Social Koldo Otxandiano y a la empleada de la red de parques tecnológicos Miren Bilbao, además de Arriola y Sánchez Alegría.

Respecto a las presuntas recalificaciones irregulares de suelo rústico en Santurtzi por Sprilur, el dictamen señala que el excesivo precio pagado, más de 3 millones de euros de pérdida, es fruto de una "decisión unipersonal" del exdirector de Sprilur Antón Zubiaurre.