SEVILLA. La petición de la Fiscalía incluye una fianza de 890 millones de euros por responsabilidad civil y a ella se ha adherido la acusación particular del PP y de Manos Limpias, según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.
El fiscal ha basado su petición en la posible obstrucción de las fuentes de prueba, como por ejemplo testigos, en el riesgo de fuga y en la gravedad de los delitos, ya que sólo el de malversación continuada tendría una pena de 16 años.
Durante la exposición de su petición, el Fiscal le ha dicho a Fernández que responder a todas las preguntas que se le formulan no siempre supone una colaboración con la justicia, han añadido las fuentes.
La acusación de la Junta de Andalucía por su parte ha pedido que el exconsejero comparezca semanalmente en el juzgado, una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros y la retirada del pasaporte, petición a la que se ha adherido la acusación de UGT.
La comparecencia de medidas cautelares, que ha finalizado a las 1.10 horas de esta noche y tras casi cinco horas, debió ser interrumpida para un descanso después de una hora porque la juez Mercedes Alaya se sintió indispuesta.
Las alegaciones del letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, se han extendido durante dos horas y media, y en ellas ha negado el riesgo de fuga basándose en que el exconsejero ya podría haberse ido del país, y ha resaltado que sí es colaborar con la justicia responder a todas las preguntas, incluidas las de la acusación del PP, que ya anunció su intención de pedir prisión.
En el cuarto día de interrogatorio, que ha comenzado ayer lunes a las 11.00 horas, la juez Mercedes Alaya debe ahora decidir qué medida impone a Fernández por su implicación en los ERE fraudulentos.
El exconsejero ha alcanzado las 36 horas de declaración, después de que el interrogatorio comenzara el pasado viernes, y se ha enfrentado a unas doscientas preguntas de la juez, sesenta de la Junta y 212 de la acusación del PP.
La juez le imputa a Fernández los delitos continuados de negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación, y los delitos simples de cohecho y falsedad en documento.
