Vitoria. La directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Inés Ibáñez de Maeztu, negó ayer que desde esta institución se solicitara la promoción del exmagistrado Baltasar Garzón para otorgarle el premio René Cassin, una versión que sigue sin convencer a PNV y EA tras la intervención de la dirigente, a petición de este último partido, en el Parlamento Vasco.

Los hechos se remontan a febrero, cuando el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo envió a diferentes personalidades un mail en el que aseguraba que por petición expresa de la dirección de Derechos Humanos asumía la gestión de la obtención de avales para promocionar a Garzón, un texto que días más tarde modificó eliminando del enunciado el origen de la demanda. Esta segunda versión es la que se ajusta a la declaración del Gobierno Vasco, desde donde aseguran que la promoción del aspirante fue iniciativa del prestigioso jurista.

Las explicaciones no aclararon las dudas de Juanjo Agirrezabala, quien, además, recordó las diferencias que este año se han sucedido tras la polémica con respecto a ejercicios anteriores. Así, destacó que mientras en 2011 sólo transcurrió un mes desde la aprobación por parte del Consejo de Gobierno y la publicación en el BOPV de las bases del certamen, este año ya han pasado cerca de dos meses sin que la convocatoria se haya oficializado. En este punto, Ibáñez de Maeztu destacó que hoy mismo se publicarán las bases en el Boletín vasco y que a partir de mañana comenzarán los dos meses de plazo para presentar las candidaturas, un tiempo que duplica el establecido hasta ahora.

Fuentes del jurado del premio René Cassin, presidido por la consejera de Justicia, Idoia Mendia, destacaron a DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA que la candidatura del magistrado podría ser una realidad, aunque la polémica "ha quemado" gran parte de sus posibilidades del jurista para obtener el galardón dotado con 12.000 euros, 4.500 menos que hasta ahora.

Por otro lado, negaron la existencia de un candidato "dirigido" para obtener el respaldo mayoritario, siendo habitual la existencia de "seis o siete aspirantes, de los que dos o tres suelen ser bastante potentes". En este contexto, desvelaron que el pasado año, en el que la defensora saharaui de los derechos humanos. Aminetu Haidar, obtuvo el galardón, hubo una dura pugna con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por lo que tampoco se descarta que este último aspirante vuelva a estar entre los nominados.

A la espera de que concluyan los dos meses para conocer las candidatura, el PSE dejó patente que vería con buenos ojos que el galardón fuera a parar al juez Garzón, según se desprende de la defensa que el parlamentario socialista Mikel Unzalu realizó de la trayectoria de este jurista, una argumentación que siguió la misma línea empleada por la consejera Mendia ante el Pleno parlamentario.