Vitoria. Las asociaciones de jueces y fiscales han acogido con opiniones divergentes el anuncio del Gobierno español de reformar el Código Penal para que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al terrorismo callejero, lo que supondrá elevar las penas mínimas de cárcel a dos años.

Por un lado, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, aplaude que se pueda imponer una mayor sanción a aquellas personas que acuden a las manifestaciones a "desmontar las ciudades y lesionar a los ciudadanos". La medida que, de aplicarse, igualaría los castigos para escenas como las vistas el pasado 29-M en Barcelona a los que se activan contra la kale borroka, debería garantizar en el Código Penal "un abanico importante de penas para graduar en función de los hechos concretos que se hayan cometido", según Llarena, presidente de la Audiencia barcelonesa. El jurista destacó que sería conveniente dotar a la Administración de Justicia con los medios precisos para actuar con celeridad, lo que disuadiría a quienes protagonizan comportamientos violentos.

Por otro lado, la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD) rechaza la iniciativa porque se trata de legislar "a golpe de ocasión" y porque el Código Penal ya contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes cometan desórdenes en la calle. "La medida se enmarca en la idea de que todos los problemas devienen de una insuficiencia del Código Penal", insistió ayer el portavoz de JpD, José Luis Ramírez, quien apostó por una mejor organización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir este tipo de comportamientos.

El portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, consideró "positiva" y "adecuada" la propuesta que podrá permitir contar con "las armas jurídicas suficientes" para ordenar la prisión provisional, en el caso de que los hechos sean de extrema gravedad.

Por su parte, los fiscales también discrepan sobre la medida que el Gobierno quiere aprobar antes del verano y terminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año.

El presidente y portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Antonio Roma, recordó que el artículo 570 bis, incluido hace un año en el Código Penal, contemple dentro de los delitos contra el orden público el de organización criminal, en el que se diferencia las penas para el "mero participante" del que "dirige y coordina" ese tipo de actos.

"Estudiaremos con interés la propuesta pero las reformas penales hay que pensarlas bien y ver si podemos jugar con las figuras que ahora tenemos", según Roma.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, señaló que esta medida tiene el "peligro" de "legislar a golpe de hechos más para calmar a la opinión pública que otra cosa".