Vitoria. Primero fue el anuncio de subida de impuestos cuando a lo largo de la campaña electoral habían abogado por justo lo contrario para reactivar la economía. Ahora, el Gobierno español amenaza con acciones penales contra los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto. La medida, que tiene como claro destinatario las comunidades autónomas, supone un paso más en la política de recentralización del Estado que pretende llevar a cabo el Ejecutivo popular.

En declaraciones efectuadas a la Cadena Ser y posteriormente ratificadas en Onda Cero, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó que el Ejecutivo presidido por Rajoy va a impulsar un cambio en la ley para exigir responsabilidades penales para los gestores públicos que incumplan los presupuestos. Además, el responsable económico del Gobierno popular dio una vuelta de tuerca más al asegurar que las comunidades autónomas o ayuntamientos que no cumplan con los presupuestos podrían quedar temporalmente inhabilitados.

Según Montoro, con esta medida se pretende trasladar al Estado español las sanciones que están vigentes en Europa en su intento por controlar la gestión de los gobiernos. "Si un ejecutivo quiere gastar más que lo haga subiendo los impuestos, pero lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables", dijo. Montoro también señaló que la línea ICO para que las comunidades autónomas paguen a los proveedores podría estar lista "en pocas semanas o en un par de meses". Sin embargo, la Comunidad Valenciana no tendrá que esperar ni semanas ni meses puesto que el presidente valenciano, el popular Alberto Fabra, anunció ayer que el Gobierno español les adelantará 420 millones de euros para, precisamente, pagar a los proveedores.

El anuncio de Montero fue ratificado posteriormente por el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, que, sin embargo, trató de suavizar la amenaza al asegurar que lo que pretenden con la medida no es tanto poner en marcha castigos contra quienes incurren en déficit, como "activar mecanismos penales a los gestores públicos que hagan gastos no recogidos en la ley presupuestaria". Alonso, además, aseguró que la medida anunciada por Montoro formó parte de la campaña electoral del PP.

Ya el pasado día 4, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció en una entrevista publicada en el Financial Times que el Gobierno de Rajoy iba a impulsar una ley para controlar los presupuestos de las comunidades autónomas. "Antes de aprobar el presupuesto, los Gobiernos autonómicos necesitarán luz verde del Ejecutivo central", aseguró. Ante la respuesta negativa que suscitó el anuncio de De Guindos, ahora el PP, con la propuesta de Cristóbal Montoro, maquilla en cierta medida aquel primer anuncio, pero en el fondo subyace el interés del Gobierno Rajoy por controlar a las comunidades autónomas.

Reacción contraria Al igual que con la medida que anunció Luis de Guindos, las reacciones a la propuesta de Montoro no tardaron en llegar y salvo desde el PP, el resto de fuerzas, especialmente las nacionalistas, consideraron fuera de sitio el anuncio y se preguntaron si el PP va a aplicar también esta medida a las comunidades y ayuntamientos regidos por los populares. El portavoz económico del PNV en el Congreso de los diputados, Pedro Azpiazu, mostró sus dudas ante el anuncio realizado por Montoro y se preguntó si la legislación da para tanto. Para el jeltzale, antes de plantear acciones penales, lo más coherente es "convencer y llegar a acuerdos" para controlar el déficit. El PSOE se preguntó si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se va a aplicar así mismo las medidas anunciadas por su compañero de gabinete. Los socialistas, en un argumentario que ha sido distribuido entre sus cuadros dirigentes, recuerdan que en las leyes ya se contempla el castigo penal a la mala administración siempre que se incurra en algunos de los delitos que se encuentran ya tipificados en el código penal.

Desde las filas socialistas se incide en el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid, al frente del cual ha estado Ruiz Gallardón durante los últimos ocho años, es el más endeudado del Estado español con unos números rojos que alcanzan los 7.000 millones de euros, lo que equivale a la cuarta parte del total de la deuda de los 8.000 municipios del Estado.

Desde Catalunya, el conseller de Ecomomía del Govern de Artur Mas, Andreu Mas-Colell, mostró su sorpresa por el anuncio de Montoro y abogó por aplicar mecanismos más tradicionales, "incluidos los informáticos", para controlar el gasto, sin llegar a las acciones penales. El diputado de la coalición nacionalista Carles Campuzano, por su parte, recordó al ministro Montoro que el Gobierno español tiene más responsabilidad que las comunidades autónomas en la crisis económica. El líder de ERC, Oriol Junqueras, respondió a Montoro que si quiere perseguir penalmente a los gestores que han hecho mal uso del dinero público, "que empiece por los representantes de su partido".