Vitoria. Llegó el día, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Garzón se sentó ayer en el banquillo para ser juzgado por ordenar las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los implicados en la trama Gürtel con sus abogados. Tras este primer juicio, por el que las acusaciones particulares solicitan 17 años de inhabilitación, Garzón deberá hacer frente a otras dos causas, una por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y otra por la que se le investiga por los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2006.
Garzón llegó al Supremo a las nueve de la mañana acompañado de su abogado, Francisco Baena Bocanegra, y arropado por un grupo de magistrados y fiscales, entre los que estaban la fiscal Dolores Delgado, los jueces de instrucción Fernando Andreu y Santiago Pedraz y los magistrados de la sala de lo penal Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Clara Bayarri y José Ricardo de Prada. Frente a las puertas del Supremo se concentraron varias decenas de personas convocadas por la plataforma Solidarios con Garzón, encabezados por la actriz Pilar Bardem y el diputado de IU Gaspar Llamazares, que portaba una gran pancarta en la que se podía leer "Contra la inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo". Asimismo llevaban carteles con eslóganes como "tapan sus delitos echando a Garzón" o "acallan al juez; mañana a ti".
Garzón, que antes de sentarse en el banquillo estuvo junto a su abogado vistiendo la toga, justificó las escuchas entre los implicados en la trama y sus abogados en la necesidad de impedir que los miembros de esta red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de del Estado español. En su opinión, los abogados "eran parte nuclear" de las actividades de la trama corrupta.
Garzón insistió en que la actividad delictiva continuaba en prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le brindaban "la única posibilidad que tenía", como juez, para poder perseguir los delitos y conciliar este interés con la protección de los derechos de las partes en el proceso.
Conocimiento policial A lo largo de su declaración, que se prolongó más de dos horas, Garzón insistió en varias ocasiones en que nunca hubo relación entre lo conocido por las escuchas y las diligencias que posteriormente se acordaron en el marco de la investigación a la trama corrupta. Además, puntualizó que las conversaciones se empezaron a expurgar y posteriormente fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuando éste órgano asumió la competencia del caso tan sólo un mes después, el 31 de marzo de 2009.
A preguntas del abogado de Francisco Correa -principal encausado en la trama-, José Antonio Choclán, que también ejerce la acusación particular, Garzón aclaró que la iniciativa para intervenir los encuentros entre imputados de Gürtel y abogados fue planteada por la Policía que investigaba la trama, que temía que el dinero fuera evadido fuera del país. "Ante ello, yo tomé la decisión", afirmó el juez suspendido de la Audiencia Nacional, para añadir que la Fiscalía estuvo de acuerdo. Para justificar que en muchas ocasiones el contacto con la Policía no precisa de resoluciones por escrito, Garzón explicó que la orden que en octubre de 2007 dio para detener a los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna desarticulada en Segura fue transmitida "verbalmente".
A preguntas de Pablo Rodríguez Mourullo, defensor en el "caso Gürtel" de Pablo Crespo, Garzón manifestó su interés en demostrar que con las intervenciones que él ordenó "se respetaron escrupulosamente las prevenciones del derecho de defensa", y señaló que las intervenciones fueron prorrogadas por el juez del TSJM Antonio Pedreira cuando asumió la instrucción de este asunto.
Interpelado por fiscal Antolín Herrero, que no acusa en este procedimiento, Garzón aclaró que a partir de la fecha en la que la causa "Gürtel" pasó al Tribunal Superior de Madrid su juzgado no volvió a dictar resolución alguna sobre los ya imputados en esta causa, y destacó el hecho de que ningún letrado defensor de imputados en la trama fuera de prisión le pidiera permiso para entrevistarse con los "cabecillas".
