vitoria. Dos días después de que las calles de Bilbao acogieran una multitudinaria marcha en defensa de los derechos de los presos de ETA, el colectivo convocante de la manifestación, Egin dezagun bidea (Hagamos el camino) exigió ayer a los gobierno español y francés que muestren "valentía" y den pasos en consecuencia para acabar con la actual situación.

Beñat Zarrabeitia y Nagore García, convocantes de la iniciativa reivindicativa, protagonizaron este llamamiento en el que destacaron la necesidad de acabar con lo que consideran una "cruel" política penitenciaria que mantiene la dispersión de los presos de la organización terrorista pese al cese de la actividad decretado por la banda armada.

Los portavoces instaron a ambos Ejecutivos a "dejar de lado su habitual cerrazón" y abogaron por entrar en una dinámica "de solución democrática que permita la vuelta de las personas presas y exiliadas a casa".

Asimismo, apelaron a la "gigantesca" manifestación citada -que reunió a más de 110.000 personas en Bilbao, según sus datos- para indicar que "la mayoría social vasca" reclama el fin de la actual política penitenciara. A su juicio, "el momento exige actuar con responsabilidad y madurez" y la ley "no puede ser una excusa" ya que existen "mecanismos" para dar respuesta a tal demanda. "Las leyes se hacen y también se cambian", sostuvieron. Según afirmó Zarrabeitia, "algunas de las principales vulneraciones" de los derechos de estos reclusos, como "la dispersión" o "la no liberación" de los presos con enfermedades graves, "se pueden solucionar de un día para otro" a través de la ley.

Respecto a la aplicación de lo que ha denominado "cadena perpetua" -en alusión a la llamada doctrina Parot, que obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión-, indicaron que "al igual que fue impuesta y habilitada a través de la ley, su derogación puede ser habilitada también a través de un cambio de ley", en este caso "por ejemplo, mediante una decisión del Tribunal Constitucional".