vitoria. El anuncio por parte de ETA del fin del terrorismo ha sido una buena noticia para los miembros de Covite, aunque no la hayan acogido con la misma alegría que el resto de la sociedad. Según explica Caty Romero, viuda del sargento de la Policía Municipal de Donostia Alfonso Morcillo, asesinado por Javier García Gaztelu, Txapote, en 1994, la sensación entre las víctimas ha sido "agridulce".

"Cómo no te vas a alegrar de que la gente deje de estar amenazada, claro que sí, pero yo lo primero que hice fue acordarme de mi marido", afirmaba ayer Romero, quien explicó que entre las víctimas de ETA existe el "miedo a la impunidad, miedo a que nos los encontremos por la calle". Muchos afectados por atentados temen que se apliquen medidas de gracia a los presos de la organización, según Romero. En ese sentido se pronunció la asociación cuando se hizo público el comunicado de ETA. "Pedimos a nuestros representantes políticos que sea verdad que estamos ante un final sin concesiones, lo que hasta ahora no está siendo real dado el sometimiento de los poderes públicos al Acuerdo de Gernika, que sea verdad que el Estado de Derecho va a triunfar sobre el terror y que no habrá una aplicación interesada y flexible de la Ley", señalaba Covite a las pocas horas de conocerse el anuncio de la banda. "Al igual que ETA nos ha mentido muchas veces -proseguía la asociación-, son también muchas las veces que se ha vejado a nuestro ordenamiento jurídico en su interpretación y aplicación", y por ello rechazaba que "por una conciencia malentendida la derrota de ETA se convierta en el triunfo de su proyecto político y que la impunidad de los crímenes sea la moneda de cambio de un comunicado hecho cuando la banda se encontraba asfixiada y derrotada".

No se trata sólo de Covite, la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo han planteado sus dudas con respecto a la aplicación de la política penitenciaria en el nuevo escenario.

En ese sentido, tanto el PSOE como el PP, los dos candidatos a gobernar en el Estado tras las elecciones generales del 20 de noviembre, han prometido que no habrá ninguna amnistía a los presos de ETA, y que en todo caso las medidas que se les apliquen a estos reclusos se ceñirán al actual ordenamiento jurídico.