BILBAO. El anuncio de cese definitivo de la violencia hecho hoy por ETA se produce en un momento en el que la organización tiene más de setecientos de sus miembros en prisión, una de las cifras más altas de su medio siglo de historia, según fuentes jurídicas y penitenciarias. Un total de 559 de esos reclusos.

De ellos 478 son hombres -el 85,5 por ciento- y 81 mujeres. La mayoría, 438, cumplen condena por delitos de terrorismo, mientras que los otros 121 se encuentran en situación de prisión preventiva a la espera de juicio.

Más de la mitad de los reclusos de ETA -377- cumplen condena en régimen cerrado, el más riguroso; otros 181 se encuentran en el régimen ordinario, el que tienen la mayoría de los presos comunes; y uno está en régimen abierto.

Francia alberga a otros 140 presos, entre ellos varios de los últimos "números unos" de la banda detenidos, mientras que en el Reino Unido hay dos, en Portugal uno y en México otro.

Tradicionalmente fiel a la ortodoxia de la organización, en el colectivo de presos (EPPK) surgió hace ya algunos años una "vía de agua" cuando algunos presos comenzaron a desvincularse de la banda para poder acogerse a los beneficios penitenciarios que contempla la ley.

Todos ellos tienen obligatoriamente que cumplir tres requisitos: tener un pronóstico de reinserción social favorable, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y estar clasificado en tercer grado penitenciario.

No obstante, para acceder a ese grado la ley establece una serie de condiciones reflejadas en el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que se añaden a los generales de haber cumplido la mayor parte de la pena y de comprometerse a satisfacer la responsabilidad civil "con sus rentas y patrimonio presentes y futuros".

Así, las exigencias específicas para los etarras consisten en mostrar "signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas" y colaborar "activamente" con la Justicia, "lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito".

Ésta salida es la única a la que puede aspirar hoy el conjunto de los presos de ETA, según se encargó de recordar el Gobierno ante el último movimiento del EPPK, que el pasado 23 de septiembre anunció su adhesión al Acuerdo de Gernika, suscrito por formaciones políticas y sociales independentistas y que reclama el cese de la violencia terrorista.

La adhesión llegó tras un largo debate interno iniciado en las cárceles el pasado mes de enero -cuando la banda declaró el alto el fuego "de carácter general"- y no exento de discrepancias internas.

Finalmente, un noventa por ciento de los reclusos integrados en el colectivo de presos de ETA (EPPK) se sumó al documento, en el que también se pide el reconocimiento "de forma inmediata y sin contrapartidas" de los derechos de los internos, aunque mostrando su rechazo a la aplicación de beneficios penitenciarios individuales y reclamando soluciones encaminadas hacia la amnistía.

Una posibilidad rechazada de plano por el Ejecutivo, que en varias ocasiones ha advertido de que la amnistía no tiene encaje constitucional y que no caben "soluciones colectivas".

En el debate sobre la situación de los presos se incluye también un posible acercamiento a cárceles del País Vasco, especialmente después de que el lehendakari, Patxi López, abogara recientemente por lograr "un gran acuerdo para la concordia" basado en el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y en una política penitenciaria "flexible".

El ministro del Interior, Antonio Camacho, ha descartado sin embargo acercamientos masivos y ha dicho que solo cuando se de el final definitivo e irreversible de la violencia el Gobierno decidirá "las medidas que han de adoptarse".