El expresidente navarro asegura que sus ingresos son "transparentes" y que paga lo que le "corresponde"
el supremo consideró probado que tuvo un enriquecimiento superior al millón de euros
iruñea. El hecho de que Urralburu solo haya devuelto a la Hacienda Foral poco más de 14.000 euros de los 530.000 que adeuda es especialmente sangrante si se tiene presente el dinero de procedencia ilegal que circuló por sus manos, que no en todos los casos fue interceptado y que -se supone- parte de él terminó en sus bolsillos. Grupo Noticias contactó con Urralburu antes de publicar la información relativa al negativo saldo que tiene con la Hacienda navarra. El afectado aseguró que todos sus bienes "fueron embargados" a raíz de que se destapara la trama por la cual conseguía grandes sumas de dinero mediante el cohecho y que a día de hoy no está obligado a pagar más dinero a su acreedor.
"Todos mis ingresos son transparentes y están controlados", aseguró Urralburu. "Con la ley que regula los embargos, pago lo que me corresponde", añadió. La realidad, en cualquier caso, es que el Tribunal Supremo consideró probado, en la sentencia dictada el 28 de marzo de 2011, que Urralburu tuvo, entre los años 1988 y 1993, un incremento irregular de su patrimonio de 168,9 millones de pesetas (1,015 millones de euros). Además, en este mismo periodo defraudó a la Hacienda Foral 100,7 millones de pesetas (605.000 euros). Y eso que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal rebajó considerablemente la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Nafarroa en septiembre de 1998, que había condenado a Urralburu a once años de prisión y 780 millones de pesetas de multa (600 por cohecho y 180 por fraude fiscal). Por el delito de cohecho fue penado con cuatro años de prisión, mientras que por los dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública se le impusieron sendas penas de tres años y medio de cárcel, así como nueve años de inhabilitación especial para ejercer cargo público.
En la misma sentencia contra Urralburu, su exconsejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, fue condenado a siete años y dos meses de prisión y una multa de 650 millones de pesetas por un delito de cohecho y otro de fraude fiscal. Por el de cohecho, el tribunal le impuso una pena de tres años y ocho meses de prisión, mientras que por el delito fiscal le correspondió una pena de tres años y seis meses.