Bilbao. La pareja formada por el autogobierno y el PNV no deja de renovar sus votos matrimoniales. Después de que los jeltzales arrancaran al Gobierno español el compromiso histórico con el traspaso de las competencias pendientes tras más de treinta años de incumplimiento del Estatuto, y después de que apostaran por incluir el derecho de autodeterminación en la reforma constitucional del PSOE, las filas de Iñigo Urkullu convertirán la propuesta de nuevo estatus para Euskadi en uno de los ejes de la VI Asamblea General del partido, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de enero en el BEC de Barakaldo. Lejos de tratarse de un brindis al sol, la formación busca validar ante su militancia la iniciativa que ya avanzó su presidente a finales de julio, cuando quiso poner el broche final al cumplimiento del Estatuto -en las últimas jornadas han sido transferidas otras tres competencias- abogando por alcanzar otro estatus. Según ha podido saber DNA, el PNV pedirá la actualización de los Derechos Históricos y el respeto al derecho a decidir con vistas a configurar una relación bilateral, en pie de igualdad, con los estados español y francés.

Así se desprende de la propuesta Euskadi, nación europea. Retos y desafíos políticos 2015, uno de los tres documentos que, junto a Trabajando el mañana -más económico- y los estatutos de la formación, serán aprobados en la Asamblea tras recibir las aportaciones de la militancia. El texto, a cuyo contenido ha podido tener acceso este periódico, fue elaborado por Iñigo Urkullu y remitido, a finales de agosto, a todos los burukides del partido, que realizaron sus aportaciones para, a renglón seguido, aprobar por unanimidad el documento resultante. Ese texto ha sido remitido a las organizaciones municipales, y estará sujeto a la presentación de enmiendas hasta el 14 de octubre. La Comisión de Garantías se encargará de clasificarlas y de devolverlas a las organizaciones municipales, que habrán de elaborar sus propuestas de resolución hasta el 16 de diciembre y con vistas a la cita de enero donde el PNV, como cada cuatro años, votará a su presidente -Urkullu resultará previsiblemente reelegido-, 8 burukides, 5 miembros de la Comisión de Garantías y 5 del Tribunal Nacional.

El partido plantea una nueva formulación jurídico-política que supere la unilateralidad y la subordinación, y la torne en bilateralidad e igualdad con el Estado, logrando una progresiva institucionalización que suponga el reconocimiento de Euskadi como nación, y sin perder de vista el trampolín que supondría Europa para dar a conocer a los vascos. Para conseguir un nuevo estatus basado en esos preceptos sería necesario asumir que la sociedad vasca "constituye un pueblo con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro, a ser consultado y a que su voluntad democráticamente expresada sea respetada".

Diálogo Así, los enfrentamientos habrían de ser resueltos por medio del diálogo, al tiempo que todas las tradiciones políticas habrían de contar con su expresión legal. Además, el ejercicio de ese derecho a decidir implicaría la posibilidad de materializar cualquier proyecto que cuente con el aval de los ciudadanos. El PNV condiciona el grado de consenso social del proyecto a que pueda ser sometido al test ciudadano. "La decisión del nuevo estatus político para Euskadi estará siempre en manos de la ciudadanía vasca, en primera instancia de los ciudadanos vascos de la C.A. Euskadi y de la C.F. Nafarroa, así como, en su caso, de la ciudadanía de Iparralde para la institucionalización de la colectividad territorial del País Vasco", zanja el documento.

En cuanto al procedimiento, se postula, "tal y como recogían las bases del que pudo haber sido el Acuerdo de Loiola", que Euskadi pueda dotarse de un nuevo marco ampliamente compartido, enriquecido por los partidos, tramitado en las instituciones y aprobado por la ciudadanía vasca. Nafarroa e Iparralde podrían acogerse al principio de libre adhesión, volviendo a respetar la voluntad de las urnas. En el supuesto de que la unión no llegara a buen puerto, se plantea la necesidad de mantener los vínculos con los citados territorios.

La propuesta de actualización de los Derechos Históricos, además, cuenta con base normativa en el Estado. La propia Constitución los ampara en su disposición adicional primera, mientras el Estatuto va más allá en su disposición adicional única al poner sobre la mesa la posibilidad de actualizarlos. El Parlamento Vasco también habría aportado su grano de arena el 15 de febrero de 1990, al aprobar una proposición no de ley en favor de un derecho de autodeterminación que también quiso introducir el PNV en la reciente reforma constitucional. La Carta Magna, otrora considerada intocable, sí ha sido cuestionada -además, por el procedimiento express- para limitar el endeudamiento, si bien el socialismo ha rechazado tocarla para ahondar en el autogobierno.

La propuesta de nuevo estatus volverá a dejar al desnudo la voluntad política del Gobierno español resultante de la cita del 20-N y que, de no lograr mayoría absoluta, podría verse obligado a reconsiderar su postura tras históricas negativas como las que frenaron el Nuevo Estatuto Político aprobado en diciembre de 2004 por la Cámara vasca, y que el Congreso vetó dos meses después sin discutirlo. En suelo vasco, el PSE habrá de retratarse después de apelar a la reforma estatutaria en la campaña de 2009, toda vez que la postura de Bildu se erige en otra de las incógnitas ya que, a pesar de haber apelado a la unidad abertzale, no ha dudado en restar relevancia a la propuesta de introducir el derecho de autodeterminación en la Constitución.

Bienestar El PNV vuelve a incardinar su apuesta por el autogobierno en su incidencia en el bienestar, al servicio de la potenciación de unos sistemas de educación y sanidad de calidad, y de unas políticas sociales propias que fomenten la cohesión. Además, vincula el autogobierno con la capacidad para superar la crisis en contraposición a un Estado que "se ha convertido en un freno para el desarrollo de Euskadi". Sin perder de vista que en 2015 probablemente varíe la tendencia económica y la paz adquiera mayor cuerpo en Euskadi -apela al derecho a decidir con la misma intensidad con la que defiende el cese de la violencia-, el PNV pide más autogobierno para ser "cada día menos dependientes". "Euskadi no es ni quiere verse encuadrada en la cola del tren. Nuestro lugar ha de estar en la locomotora europea", sentencia el texto, que aboga por fortalecer la marca Euskadi frente a un Gobierno Vasco que ha preferido publicitar el turismo bajo el sello Spain, a pesar de la desconfianza mostrada por los mercados en un Estado español que no levanta cabeza, y que podría transmitir ese mismo pesimismo a los inversores extranjeros de las empresas vascas.