Madrid. El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, cifró ayer en un millón de euros el mínimo exento del nuevo Impuesto del Patrimonio que el Gobierno recuperará mañana y aseguró que los contribuyentes que tendrán que pagarlo "no van a pasar de 90.000". Esta cifra contrasta con lo adelantado por el candidato socialista a la Presidencia. Y es que Rubalcaba habló de 200.000 ó 300.000 personas que estarán sujetas a esta tasa, aunque eludió referirse ni concretar qué mínimo exento tendrá. "Lo decidirá el Consejo de Ministros", recalcó. Aunque posteriormente su equipo quiso deshacer la polémica alegando que el candidato sólo había "puesto un ejemplo", la falta de coordinación en los mensajes fue patente.
En declaraciones a la Cadena COPE, Blanco había pedido esperar al viernes para conocer los detalles sobre la nueva tasa (el Gobierno eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio en 2008) y negó que, con ella, se esté persiguiendo a la clase media. "Aquí no se persigue nada. Se trata de que la gente que tiene grandes patrimonios contribuya a la Hacienda pública", trató de zanjar. Lo ejemplificó con los datos de 2007, cuando el 75% de la recaudación por este impuesto, que alcanzó los 2.000 millones de euros, procedía del 25% de los ciudadanos, "es decir, que un 25% contribuía con 1.400 millones de euros". "Eso son gente que tiene grandes patrimonios y grandes fortunas. Y si hay algunos que consideran que los que tienen grandes patrimonios y grandes fortunas no deben de contribuir y que es mejor, por ejemplo, suprimir profesores, como se está haciendo en Castilla-La Mancha o Madrid, que lo digan", apostilló irónicamente atacando al PP.
Coincidencia Blanco recordó que el 70% de los ciudadanos declaran rentas inferiores a los 24.000 euros en el IRPF y rechazó las críticas de que este impuesto grave a las clases medias al preguntarse "¿cuánta gente hay que tengan un patrimonio superior al millón de euros y, en caso de que uno esté casado, de dos millones?". Con este argumento sí coincide el discurso del candidato Rubalcaba, quien aseguró que ha sido el Gobierno quien ha tomado la decisión y no él y que lo ha hecho porque es "más justo y más sensato que una persona que tenga un patrimonio de tres o cuatro millones de euros pague, por ejemplo, para fomentar el empleo juvenil". "Creo que es razonable y es justo. Estamos hablando de 200.000, de 300.000 personas", se limitó a señalar sobre el número de ciudadanos afectados por la nueva tasa.
Ataque Contra este discurso se pronunciaron ayer los gobiernos de las comunidades regidas por el PP. Quien ejerció de portavoz fue la consejera de Hacienda del Gobierno de La Rioja, Concepción Arruga, que criticó a los socialistas "por inflar" sus previsiones de recaudación con el nuevo impuesto. "La diferencia entre las previsiones y la recaudación real afecta a las comunidades, cuyos presupuestos dependen en su mayoría del dinero aportado por el Ejecutivo Central", recordó.
Además, los ejecutivos autonómicos del PP piden la prórroga de los Presupuestos Generales del estado de 2011, porque, con las elecciones, no dará tiempo a aprobar las cuentas para 2012 antes de que finalice este año.
