Todo empezó el año pasado, cuando en la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco se empezaron a recibir llamadas de ciudadanos que, ante la expectativa de un eventual fin de la violencia, querían saber si contaban con el respaldo del Ejecutivo de Patxi López para regresar a su hogar.

Se trataba de vascos que en su día tuvieron que emigrar amenazados por la violencia política, un grupo heterogéneo de empresarios, políticos, periodistas o familiares de personas asesinadas por ETA que, en apenas un mes, verán materializado un primer movimiento institucional para planificar el retorno a casa. En octubre, el Gobierno autónomo presentará a los grupos parlamentarios un estudio que recoge los perfiles y demandas de estas personas.

Los exiliados por la amenaza de ETA, precisamente por esa heterogeneidad que les caracteriza, y por tratarse de un colectivo difuso y difícilmente cuantificable, han sido objeto de la demagogia política en los tiempos en los que el enfrentamiento entre constitucionalistas y nacionalistas vascos era más descarnado.

Un estudio de la Fundación BBVA llegó a hablar de casi 160.000 emigrados como consecuencia directa del terrorismo, prácticamente un 8% de la población, el Foro de Ermua redujo la cifra a 120.000, y la asociación Zaitu, que representa a los amenazados por ETA, estableció un censo de exiliados de en torno a 50.000 personas. El pasado mes de febrero, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, admitió que en los últimos años se han publicado "cifras absolutamente exageradas" al respecto.

Ya desde que Maixabel Lasa, directora de Atención a las Víctimas, planteó al titular de Interior la posibilidad de facilitar el regreso de este colectivo, se creyó oportuno renunciar a elaborar un censo, una intención que ahora se confirma. El estudio se está elaborando "al margen de las guerras de cifras", se aseguraba ayer a DNA desde la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo.

Efectivamente, el informe que ultima el Instituto Vasco de Criminología -dirigido por el presidente del Consejo de Participación de las Víctimas del Terrorismo, José Luis de la Cuesta- se centraen fijar las necesidades y problemas de estas personas ante un eventual regreso a Euskadi, y los mecanismos para atenderlas. Un ejemplo. La reforma de la Ley de Garantía de Ingresos que estos días centra el debate político amplía el periodo de empadronamiento necesario para acceder a las ayudas sociales. Con esas condiciones, estas personas quedarían fuera del sistema.

diferentes perfiles La idea es concretar los diferentes perfiles de exiliados -no tiene las mismas necesidades un empresario emigrado por negarse a pagar el impuesto revolucionario que una viuda con hijos-, establecer medidas al efecto y abrir una ventanilla para que sean ellos quienes acudan al Gobierno, sin necesidad, así, de elaborar un listado del que podrían quedar fuera muchas personas. El procedimiento es similar, por tanto, al que se va aplicar en el caso de las víctimas de motivación política, que aunque sí fueron identificadas y cuantificadas por el anterior Gobierno Vasco, no entrarán en ningún censo y deberán dirigirse al Ejecutivo autónomo para acceder a las medidas de reparación que se habiliten.

Si en el caso de las víctimas policiales todo el arco parlamentario salvo el PP respalda, desde sus propios esquemas, la visibilización de estas personas, en el caso de los exiliados el panorama no es muy diferente. PSE, PNV, EB y UPyD presentaron una moción en la Cámara que fue aprobada en Pleno en abril y que establecía las directrices del estudio que se presentará en octubre.

Por su parte, el PP presentó, pocos días después de que Ares y Lasa plantearan la preparación del regreso de los exiliados, que estas personas puedan votar en las elecciones vascas aunque no residan en Euskadi. La medida, tachada de "brindis electoral", "distanciamiento cosmético con el PSE", y de "jurídicamente inviable", fue rechazada con contundencia por todos los grupos.