Rubalcaba no ve necesario un referéndum y ofrece "flexibilidad" para sumar apoyos

"Yo voté la Constitución, me la creo, creo que hay que cambiar algunas cosas, pero mientras esté en vigor, la cumplo", ha remachado.

A pesar de que algunos partidos como IU, UPyD, BNG e incluso CiU ya han anticipado su apoyo a la convocatoria de referéndum, el candidato ha señalado que el Grupo Socialista "manifiesta su voluntad de ampliar el consenso" político para acometer la reforma y hará "esfuerzos" para sumar a más grupos.

Por ello, les ha ofrecido "cierta flexibilidad" en la negociación que se inicia, aunque también les ha avisado de que habrá "límites" porque no es su intención "desnaturalizar el acuerdo" alcanzado con el PP. Desde su punto de vista, el hecho de que las cifras concretas se vayan a plasmar en una futura ley orgánica y no en la Constitución puede facilitar la adhesión de más formaciones políticas.

Preguntado por las críticas que la reforma constitucional ha suscitado en algunos dirigentes socialistas, Rubalcaba ha recordado que él mismo tenía "reticencias" a una medida de este tipo, ha invitado a quienes las han expresado a leer el texto final y ha augurado que, tras esa lectura, "seguramente muchas de ellas habrán desaparecido y ya no existirán".

SI HAY DEUDA, NI IZQUIERDA NI DERECHA

Tras aludir al "valor cualitativo" y la "cuota de respaldo" que puedan tener quienes han manifestado su oposición a la revisión constitucional, el candidato ha querido dejar claro a quienes consideran que con esta modificación el PSOE ha cedido a los "axiomas del liberalismo" que "cuando hay que pagar tantos intereses de la deuda no existen diferencias" entre la política económica de izquierdas y de derechas.

"Pido a los compañeros que hagan una reflexión porque no hay nada peor para la izquierda política que tener una deuda excesiva. Ese debate estoy dispuesto a mantenerlo con cualquiera porque me lo sé muy bien", ha subrayado.

Por otra parte, el aspirante socialista a la Moncloa ha evitado concretar cuál ha sido su papel en la consecución del acuerdo, alegando que a lo largo de su vida ha participado en "muchísimas" negociaciones y que "lo último" que le ha importado es quién "manejaba el timón". "Quería un acuerdo para la economía española y ese acuerdo está conseguido", ha zanjado.

Y es que Rubalcaba ha dedicado el grueso de su comparecencia a explicar las bondades del acuerdo alcanzado con el PP y a justificar por qué se ha hecho justo ahora y con tanta rapidez. El candidato ha enfatizado que la reforma del artículo 135 de la Constitución y el compromiso en torno a una futura ley orgánica es "muy importante" por tres motivos: afecta a la Carta Magna, a la economía y tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro del país.

HABÍA QUE HACERLO AHORA Y RÁPIDO

Así, ha recordado que parte del origen de la crisis, tanto en España como en otros países, reside en que se ha incurrido en un "sobreendeudamiento excesivo", fundamentalmente de carácter privado que, a partir de esta reforma, nuestro país "no se va a volver a permitir nunca". También ha hecho hincapié en que, en este momento, tras un verano "de gran inestabilidad financiera", es necesario enviar un mensaje de confianza en la economía y presentar a España como "un país serio que paga sus deudas".

En resumen, ha indicado que la reforma va a servir para "que no se gaste más dinero del que razonablemente se pueda pagar" y para evitar la creación de un déficit acumulado que obligue a dedicar todos los recursos a pagar los intereses de la deuda. "No hay nada peor que hipotecar el futuro de los gobiernos sucesivos y el futuro de los españoles", ha incidido justificando así la conveniencia de que el principio de estabilidad presupestaria se vaya a incluir en la propia Constitución.

Por otra parte, ha recordado que España ha "defendido como ninguno" el refuerzo de la política económica común europea y que, si se piden esfuerzos a Europa, "hay que predicar con el ejemplo". Respecto a la urgencia en aprobar la reforma aunque se aplique hasta 2018-2020, ha explicado que el dinero que el país pide prestado ahora tendrá que devolverse dentro de 10 años y que así se envía el mensaje de que, para esa fecha habrá "solvencia para pagar". "Por eso era importante hacerlo ahora y hacerlo rápido", ha dicho.

GARANTIZA LA COHESIÓN SOCIAL

Rubalcaba ha recordado en dos ocasiones que en su primer discurso como candidato ya alertó de los riesgos del déficit y la deuda y ha puesto en valor los instrumentos de flexibilidad que se han introducido en el pacto con el PP y que, desde su punto de vista, permitirán reaccionar ante las distintas coyuntura económicas y garantizar en todo momento "la cohesión social".

Desde su punto de vista, el hecho de que las cifras concretas se recojan en una ley orgánica y no en la Constitución ya es un elemento de flexibilidad. También lo es que en el texto pactado se hable de déficit estructural y no de "déficit observado", ya que, según ha dicho, este último término equivale al déficit cero que venía propugnando el PP y que dejaría a los gobiernos sin margen de maniobra ante situaciones imprevistas.

"El déficit estructural permite márgenes de maniobra cuando las cosas viene mal dadas", ha defendido el candidato, recalcando que, por ejemplo, con el pacto sellado esta madrugada se podría seguir pagando la prestación por desempleo aunque el crecimiento del paro no estuviera previsto en los Presupuestos. Asimismo, ha recordado que el propio acuerdo contempla su revisión en 2015 y 2018 y excepciones como una recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria.

CIERRE DEL ACUERDO

El PSOE y el PP han cerrado esta madrugada de viernes el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que han pactado un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas.

Después de intensas negociaciones mantenidas en los dos últimos días, especialmente en la jornada de hoy, el acuerdo ha fraguado entre PSOE y PP, aunque por el momento no ha sido posible sumar a otras fuerzas parlamentarias, han informado fuentes socialistas.

Con este consenso, el techo de déficit y deuda se saca fuera de la reforma de la Carta Magna, que no recoge ninguna cifra a este respecto, tal y como pretendía el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las concreciones se dejan para la ley orgánica que tendrá que ser aprobada antes del 30 de junio de 2012, que fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.

Se distribuiría del siguiente modo: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del producto interior bruto nacional, en tanto que el déficit estructural en que podrá incurrir cada comunidad autónoma no podrá superar el 0,14 por ciento de su producto interior bruto.

Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario

Mediante la nueva ley, según el acuerdo alcanzado, se fijarán los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135.

Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.

Se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales.

Respecto a la reforma de la Constitución, debe llegar ya al registro del Congreso para poder poner en marcha los mecanismos de su tramitación y que durante la próxima semana haya tiempo de aprobarla con carácter de urgencia y por la vía de lectura única.

El documento pactado afecta a un solo artículo, el 135, que queda redactado como sigue:

-1. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

-2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus estados miembros.

Una ley orgánica será la que fije el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su producto interior bruto, mientras que las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

-3. El Estado y las comunidades habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.

Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

-4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenbilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

-5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.

En todo caso, regulará la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

Igualmente, regulará la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural y la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

-6. Las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

En una disposición adicional única se establece que la futura ley orgánica deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012 y deberá contemplar los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.

Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Consideran los proponentes de esta reforma que la actual situación económica y financiera, marcada por una profunda y prolongada crisis, "no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia" a la Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española a medio y largo plazo.