VITORIA. El Parlamento Vasco debate absolutamente sobre todo. Desde las enfermedades raras hasta el Puerto de Pasaia, pasando por la situación laboral de los ertzainas, los acuerdos del Estado con el Vaticano, las sustituciones de profesores, las incineradoras o la posibilidad de implantar el copago sanitario. Sin embargo, en el periodo de sesiones que concluyó el pasado mes de junio, la actividad en el Legislativo ha girado en torno a unas pocas cuestiones fundamentales que han marcado, al menos desde el punto de vista estrictamente político, los debates del Pleno. Las discusiones más encendidas, los reproches y declaraciones de la sala de prensa, las negociaciones más duras, han versado siempre sobre estas cuestiones.

La reparación a las víctimas de motivación política, con la aprobación de la moción conjunta de finales de marzo -la firmaron todos los grupos salvo UPyD y PP- ha sido uno de los principales hitos del curso, un asunto a cuyo rebufo ha entrado en el salón de Plenos el debate sobre la tortura. Ha sido en este periodo de sesiones cuando los partidos han logrado salvar los tradicionales bloques entre constitucionalismo y nacionalismo vasco para pedir a la Fiscalía que investigue "hasta el final" las denuncias por torturas, un pronunciamiento del que sólo se excluyeron PP y EA.

En estos cinco meses se ha emplazado al PSE, sin éxito, a condenar la confesión de Felipe González sobre su papel en el terrorismo de Estado. También ha sido este el curso en el que PSE, PNV, Ezker Batua y UPyD unieron sus votos para solicitar al Instituto Vasco de Criminología la elaboración de un censo de los vascos que tuvieron que abandonar Euskadi a consecuencia de la amenaza de ETA, organización cuya sombra ha planeado una vez más, como siempre ha ocurrido en los últimos treinta años, por las salas y pasillos del Parlamento.

Al menos en esta ocasión ha sido por su ausencia de actividad, y no por lo contrario. Al hilo de la tregua y sus consecuencias se han celebrado acalorados debates sobre la oportunidad o no de legalizar Sortu y Bildu. El PSE tuvo que retirar una moción, amenazado por el PP, en la que celebraba los nuevos aires que se respiran en la izquierda abertzale, y poco después populares, socialistas y UPyD evitaban que el Parlamento se mostrara favorable a la legalización.

Una legalización que tenía como objetivo inmediato las elecciones municipales y forales de mayo. Los partidos utilizaron el Parlamento como vehículo de comunicación y la campaña no oficial arrancó en el Legislativo aun antes de empezar el periodo de sesiones, bien fuera a través de la venta de las propias virtudes o de la exaltación de los errores ajenos, un escenario que se revivirá en otoño, ahora con el 20-N en el horizonte.

Pero la actividad de la Cámara vasca no se limita a sus sesiones plenarias. Se trabaja, y mucho, en comisiones y ponencias. El PNV ha marcado de cerca la gestión de Alberto Surio al frente de EiTB en estos foros sectoriales, y los parlamentarios se han lanzado a la tarea de acercar su estatus laboral al del común de los trabajadores, con el escrutador ojo de los medios de comunicación al acecho.

Sin embargo, lo que fuera del Pleno ha marcado el curso han sido las comisiones de investigación de los casos Margüello y Miñano, ambas con militantes del PNV presuntamente mezclados en diversas irregularidades y que llevó a los jeltzales a denunciar una campaña de acoso al partido de cara a las municipales. La primera de estas comisiones finalizó sus trabajos a mediados de mayo, tras año y medio de investigación y filtraciones a la prensa, concluyendo que el anterior consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, fue responsable de las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de Osakidetza.

La comisión del caso Miñano sigue adelante con mucho trabajo aún pendiente, aunque durante los últimos siete meses no ha parado. Un reguero de declarantes ha sido perseguido por cámaras fotográficas y de televisión por los pasillos del Parlamento. Las imágenes de los principales imputados, el respaldo público y explícito del PNV a éstos, y los ataques del resto de partidos han aportado la salsa al periodo de sesiones, sin olvidar las presuntas irregularidades cometidas por la exalcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, que tras ser destapadas por el Grupo Noticias acabaron recabando el interés de los grupos de la Cámara.