Uno de los imputados ningunea el auto del 'Faisán', una "batería de elucubraciones"

Ruz había señalado a Ballesteros como la persona que entró en Faisán y entregó a Elosua el móvil con el que se efectuó el supuesto chivatazo. Pero el recurso del inspector subrayó que "los peritos que han estudiado los vídeos grabados en las inmediaciones del bar Faisán no han podido determinar la identidad de la persona que entró en el establecimiento". Además, la defensa critica que no se hayan analizado las llamadas realizadas desde las redes de telefonía móvil.

La polémica se aviva por el contenido de una serie de circulares repartidas por la Fiscalía General. En ellas, el fiscal general del Estado español, Cándido Conde Pumpido, subrayó que para que haya un delito de colaboración armada, es necesario que haya una "adhesión ideológica" por parte de los acusados, precisamente ahora que se ha reactivado el caso del chivatazo policial a ETA que acabó con el procesamiento de Víctor García Hidalgo y dos de sus colaboradores. Desde el socialismo, siguen reiterando la inocencia de su hombre. Un apoyo que se ha visto reforzado con la decisión de López de no cesar al secretario general del PSE de Araba. El lehendakari señaló ayer que Víctor García Hidalgo, uno de los procesados, seguirá en su cargo, y apuntó que "es sorprendente que, en este país, se quiera habilitar al que ha estado cerca del entorno de la violencia porque está habiendo un recorrido democrático, y se pretenda inhabilitar al que ha combatido permanentemente al terrorismo".

apoyo a rubalcaba Ese mismo respaldo lo recibió el socialista por parte del secretario general de su grupo en el Congreso, Eduardo Madina, quien afirmó que el "enorme ruido" generado por el PP en torno al caso Faisán "intenta tapar que asistimos al fin de ETA y que hemos llegado a esta situación por el trabajo de Rubalcaba los últimos años". A su entender, existió una "distorsión de fondo" en este caso y citó, en concreto, a uno de los imputados: el socialista Víctor García Hidalgo, de quien resaltó que "no puede ser una colaborador de ETA porque no comparte los objetivos de la misma". El juez Baltasar Garzón, por su parte, criticó que "muchos utilicen políticamente" un caso que debería resolverse en tribunales.