Bilbao. El año 2009 parecía no prometer demasiado en materia de paz y normalización. ETA acabó con las vidas del policía Eduardo Puelles y de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáez de Tejada, y dinamitó la casa cuartel de Burgos, un repetidor de comunicaciones y varios puntos de interés comercial en Palma de Mallorca. El Estado dedujo de la ofensiva que la izquierda abertzale histórica no había logrado atraer a la organización a las tesis más posibilistas, y decidió dar un golpe sobre la mesa para avisar de que ya no valían treguas ni negociaciones. El eco de la T-4 aún atronaba en los oídos de Madrid, que optó por lanzar un aviso a navegantes y por detener el 13 de octubre a una decena de miembros del sector político reunidos en la sede de LAB de Donostia, que serán juzgados a partir de hoy, y a quienes se imputa haber tratado de reeditar Batasuna, si bien los acusados han insistido en que su hoja de ruta pasaba por dar un paso más y por romper con el pasado de cara a alumbrar una nueva apuesta por las vías exclusivamente políticas.

Entre los detenidos figuraban varias de las figuras más importantes de la izquierda abertzale tradicional. Entre ellos estaban Arnaldo Otegi, el exsecretario del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga y Rufi Etxeberria -posteriormente apartado de la causa por la inconsistencia de los indicios-, quienes fueron acusados de tratar de reconstruir Batasuna siguiendo patrones similares a los del pasado. Los ocho que aún forman parte de la causa serán juzgados hasta el 7 de julio, precisamente en un clima donde los agentes políticos han pasado del escepticismo a dar crédito de forma mayoritaria a la apuesta de la izquierda abertzale.

la apuesta de sortu El juicio podría influir en el futuro de Sortu, formación vetada en marzo por el Supremo, pero cuyo recurso de casación aún se encuentra en las carpetas del Tribunal Constitucional. La misma instancia que dio el visto bueno a Bildu. El partido ilegalizado recogió durante su puesta de largo en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el 7 de febrero de 2011, la apuesta por la ruptura con el pasado y por "la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA".

La vista por Bateragune se desarrollará los días 27, 28, 29 y 30 de junio, así como el 1, 4, 5, 6, y 7 de julio, y sentará en el banquillo a Otegi, Usabiaga, Sonia Jacinto -extesorera de EHAK-, Miren Zabaleta -hija del coordinador general de Aralar Patxi Zabaleta-, Arkaitz Rodríguez -a quien se atribuía el liderazgo de Haika en Araba-, Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra. Se les imputa un delito de integración en organización terrorista por impulsar un organismo que Interior bautizó como Bateragune, y que actuaría como "órgano de construcción del polo soberanista bajo el control de ETA". La Fiscalía pide diez años de cárcel. En concreto, a Otegi -a quien tal y como se llegó a publicar en diferentes medios, supuestamente se le conocería como Ronaldinho en el contacto postal mantenido con presos de la banda en la cárcel- se le acusa de liderar Bateragune y de tener el cometido de lograr "treguas encubiertas". Fue enviado a prisión por partida doble al imputarle haber violado las medidas impuestas en la causa de las herriko taberna por haber viajado al Estado francés "para reunirse con miembros de ETA".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de dirimir sobre el caso bajo la batuta de Ángela Murillo, que presidirá un tribunal también integrado por Teresa Palacios y Juan Francisco Martel pese a la recusación de la defensa de Otegi, que recordó que la magistrada le había prejuzgado en el juicio por el homenaje de Gatza. Murillo le preguntó si condenaba rotundamente la violencia y, al asegurar Otegi que no iba a contestar, le espetó que "ya lo sabía". El Supremo ordenó repetir el juicio -que se había saldado con la petición de dos años de cárcel y 16 de inhabilitación- por la conducta poco imparcial de los magistrados, si bien las instancias judiciales han estimado que, en el caso concreto de Bateragune, Murillo aún no ha realizado comentarios apriorísticos. Así, volverá a ser la encargada de juzgar a Otegi, tras haber dejado para la posteridad frases como "la Sala no ha entendido ni papa" -al visualizar el fragmento del homenaje donde el acusado se expresaba en euskera-, o "por mí, como si quiere beber vino", pronunciada después de que la abogada Jone Goirizelaia pidiera permiso para que su defendido pudiera tomar un vaso de agua.

La controvertida magistrada se encargará de dirimir sobre un caso que comenzó el 13 de octubre de 2009, con la detención de los ocho acusados, así como de Rufi Etxeberria y Ainara Oiz Elorriaga, apartados del caso por falta de pruebas. Tres días después, Baltasar Garzón dictaba prisión incondicional para Otegi, Usabiaga, Zabaleta, Rodríguez y Jacinto; mientras para Etxeberria, Oiz, Moreno, Serra y Esnal decretaba libertad provisional, con una fianza de 10.000 euros para los tres últimos. La operación se desarrolló mientras los detenidos se reunían en la sede de LAB de Donostia si bien, según el auto, desde el 17 de abril se habrían producido más de diez encuentros. El PP no tardó en sumar al sindicato al cajón de sastre del todo es ETA, y reclamó investigar de oficio ante "los indicios más que fundados" que, a su juicio, la relacionarían con Batasuna.

Con su golpe judicial, el Estado optó por enseñar músculo y por renovar la máxima acuñada por Zapatero en el discurso de fin de año de 2008, dos años después de que el atentado de Barajas dinamitara la esperanza de la apuesta de Anoeta. "ETA ha desperdiciado tres oportunidades. Ya no habrá más", sentenciaba. El presidente socialista había perdido la fe. Y la izquierda abertzale tradicional había interiorizado la necesidad de abrirse a un nuevo tiempo y de ir más allá que aquel documento Orain herria, orain bakea, un propósito en el que habrían trabajado Otegi y Díez Usabiaga. Se intuían pasos. Incluso entre los presos de ETA, antes de aquel 13 de octubre, se oteaba una apuesta renovadora en el horizonte. Pero el Estado no compartía esos augurios y se decantó por romper la baraja. No esperaba movimientos de calado.

los pasos Sin embargo, tan solo un mes después de las detenciones, el 14 de noviembre de 2009, la sensibilidad presentaba su Declaración de Altsasu, que era ratificada en febrero de 2010 con Zutik Euskal Herria, a favor de abordar un proceso democrático en ausencia de violencia y sin injerencias externas. Los propios encarcelados, en noviembre de 2009, abogaban en un comunicado -desde la prisión de Estremera- por abrir una nueva fase política como apuesta "unilateral" de la izquierda abertzale. En octubre de 2010, Otegi explicaba en una entrevista en El País que "las armas, todas las armas, deben desaparecer definitivamente de la ecuación política vasca". Recientemente, aseguraba en Gara que el tiempo corre "a favor" de la izquierda abertzale tradicional, por lo que "seguir acumulando fuerzas es lo importante". El único atentado desde el operativo fue el que acabó con la vida del gendarme Jean-Serge Nérin, si bien se produjo en un tiroteo fortuito.

El Estado, por su parte, ha mantenido su discurso contrario a la negociación, lo que no evitó que la excarcelación de Usabiaga para atender a su madre o el acercamiento de Otegi a Martutene para visitar a su padre enfermo -después recaló en Logroño- fueran interpretados como gestos de cara a una futura y eventual negociación. Al otro lado de la balanza se sitúan las constantes negativas ofrecidas a Otegi tras sus peticiones de libertad ante el "devenir político" vasco. Un argumento que fue tildado de "oportunista" por la AN.