VITORIa. El Parlamento Vasco recabó ayer un consenso inédito para condenar la práctica de la tortura y pedir a la Fiscalía del Estado que investigue "hasta el final" las denuncias por malos tratos, una demanda tradicional del nacionalismo que, al hilo de las dos sentencias del Tribunal de Estrasburgo en las que se afeaba a España su escaso interés en la materia, ha vuelto a la actualidad.

La enmienda transaccional aprobada ayer supone la ruptura de la tradicional división en bloques de la Cámara en todo lo tocante a la violencia política, y es fruto de un largo trabajo de cocina. El PSE, con el aval del Gobierno Vasco, y Aralar, han protagonizado a lo largo de 2011 una labor de acercamiento de posiciones, han aparcado los aspectos irreconciliables de sus posturas y han admitido como árbitro de sus diferencias a los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos, que en múltiples ocasiones han criticado la tibieza del Estado en materia de tortura, y al Ararteko, institución también muy activa en esta cuestión.

El papel de PNV y Ezker Batua en estos meses ha sido el de dejar hacer sin buscar protagonismos que pudieran paralizar el lento avance hacia el acuerdo. El de UPyD, suscribir una proposición no de ley junto a los nacionalistas a la que, según su portavoz Gorka Maneiro, no se le puede poner tacha, aunque apenas se le haya consultado sobre el particular.

Así, tan solo EA, ahora como parte de Bildu, y el PP, se resistieron a estampar sus firmas la una junto a la otra en un documento en defensa de los Derechos Humanos. Ambas formaciones votaron lo mismo, abstención, y por el mismo motivo, la incomunicación de los detenidos por delitos de terrorismo.

Juanjo Agirrezabala, de EA, echaba de menos que el texto reclamara la erradicación del régimen de incomunicación, que a su juicio es el factor clave para permitir la impunidad a la hora de practicar la tortura, y por ello la iniciativa no constituía sino una "obviedad" que no valía la pena respaldar. Carlos Urquijo, del PP, denunciaba por su parte que la proposición "plantea la supresión del régimen de incomunicación escondida tras un lenguaje políticamente correcto".

Lo cierto es que el texto pide que se extremen las precauciones para prevenir los malos tratos "especialmente en el ámbito de la detención incomunicada", el máximo acuerdo al que han podido llegar Aralar y PSE sobre un régimen que tanto el partido de Aintzane Ezenarro como el PNV o EB repudian, y que los socialistas siguen defendiendo como medida indispensable para combatir "el crimen organizado, en nuestro caso el terrorismo de ETA", en palabras del portavoz socialista Jesús Loza. Más allá de su carácter meramente simbólico, pues ni la Fiscalía ni el Ministerio del Interior contrajeron ayer obligación alguna con el Parlamento, la declaración sigue la línea de predisposición al acuerdo en materia de Derechos Humanos abierta con la gestación de la Ley de Víctimas de 2008 y que continuó el año pasado con la aprobación del informe sobre los afectados por la violencia policial.

En ese sentido, Loza definió ayer la negativa de EA y PP a sumarse al acuerdo como "tics del pasado", pero celebró, en todo caso, la amplitud del consenso alcanzado en el Pleno. "Esta Cámara no puede dividirse en dos, como si unos estuvieran contra la tortura y otros no tanto", mientras que Ezenarro pidió que "las posturas maximalistas no impidan dar pasos".