Vitoria. En su memoria del año 2010, la Fiscalía Provincial de Álava realiza un pormenorizado repaso a la trayectoria judicial del caso Miñano durante el citado ejercicio, un documento en el que el fiscal jefe, Josu Izaguirre, avanza novedades. En su informe advierte de la tarea "altamente positiva" que están desarrollando la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza y la de Delincuencia Informática, cuyo informe espera tener sobre la mesa este mismo año.
En la memoria se explica que se requirió a estos grupos especializados de la Policía vasca por la "amplitud y complejidad" de la investigación, iniciada a raíz de una denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi, socia de la empresa Urbanorma, adjudicataria de la expansión del Parque Tecnológico de Miñano, y al parecer extorsionada por Alfredo de Miguel y Aitor Telleria.
Izaguirre recuerda que su investigación se sustenta en "abundante documentación e, incluso, grabaciones de audio", y cree tener ante sí "una trama que se dedicaría al cobro de ilícitas cantidades y su blanqueo a través de un entramado de empresas con escasa o nula actividad real, que se utilizarían como tapadera para dicho fin".
Pero el fiscal jefe no se queda ahí. Izaguirre denuncia la "guerra sucia" a la que se ha visto sometido por "determinados intereses amparados en un cobarde anonimato". Se refiere a la nota sin firma remitida el 4 de octubre a la juez Ana Jesús Zulueta, encargada de investigar la denuncia contra ocho periodistas por las filtraciones del sumario del caso del espionaje -una de las investigaciones derivadas de la persecución de la presunta trama corrupta-. En el anónimo se acusaba directamente al fiscal de haber facilitado detalles del sumario a los medios de comunicación.
"Un verdadero marasmo" Izaguirre llama la atención sobre el hecho de que la nota no se añadiera a la causa hasta diez días después de haber sido recibida, "sin comunicar nada la Fiscalía", y asegura que "dichas investigaciones -las de las filtraciones- se encuentran sumidas en un verdadero marasmo en el que se desconoce la real condición procesal de muchas de las partes de la causa". Izaguirre, por último, señala que aunque hace dos meses que se levantó el secreto del sumario, nadie ha solicitado testimonio alguno de la causa "supuestamente filtrada".
Además, denuncia las "grandes dificultades" a las que se enfrentó la investigación del presunto espionaje a políticos y empresarios alaveses por parte, supuestamente, de dos ertzainas y por encargo del exburukide Aitor Telleria. Izaguirre afirma que el secreto del sumario del caso del espionaje se prolongó "para evitar poner en riesgo la vida de las personas aludidas" en las notas que Telleria guardaba en su ordenador. Esfuerzo baldío, por cuanto esos datos, "de naturaleza altamente sensible", fueron filtrados a la prensa.
El fiscal, por otro lado, censura las críticas recibidas por la operación que se saldó con la detención simultánea de De Miguel, Telleria, Koldo Otxandiano y sus respectivas esposas. Izaguirre recuerda que la investigación persigue delitos "que llevan aparejadas penas graves del Código Penal", y alude a la protección de la pruebas para justificar los arrestos del 17 de marzo de 2010.
"Pretender, como se ha afirmado desde determinados ámbitos, que habría bastado con citar a los imputados, confiando en que los mismos habrían aportado de forma voluntaria las pruebas que les incriminasen, es desconocer la naturaleza humana y las pautas más básicas de la actividad investigadora", señala el fiscal, quien añade más argumentos a sus tesis. "En todo caso, se actuó con las mismas pautas y protocolos con que se actúa en supuestos similares, sin que conste en tales la existencia de la más mínima queja u observación por parte de nadie, lo cuál podría llevar a pensar que las diferencias de criterio que se exponen pudieran deberse sólo a la condición de las personas investigadas en el presente caso, lo que vulneraría el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", explica.
