Vitoria. El PP alavés presentó ayer el programa electoral con el que Javier de Andrés tratará de sustituir a Xabier Agirre como diputado general del territorio, un compendio de 181 medidas centradas principalmente en afrontar la crisis económica. Así, De Andrés destacó que si llega a gobernar el territorio reducirá en un 75% el número de cargos públicos de la Diputación alavesa, lo que permitirá ahorrar 1,2 millones de euros durante toda la legislatura.

Según el secretario general del PP en Álava, firmas como Arabako Lanak o Arabarri podrían prescindir de sus directores, y Álava Agencia de Desarrollo absorberá a Naturgolf si el candidato popular sale elegido diputado general tras las elecciones del 22 de mayo. Eso sí, el PP aún no ha analizado con detalle la forma en la que podría llevarse cabo esa importante reducción del 75% , pues sus datos sobre las sociedades públicas de la Diputación no han sido actualizados desde 2007.

De Andrés anunció además una revisión de los requisitos exigidos a los extranjeros para acceder a las ayudas sociales, pues según el PP el ciudadano español tienen que carecer de patrimonio para poder cobrar estas subvenciones y el foráneo no. El PP cree que de esta forma atajaría el "fraude" en las prestaciones sociales. "El español que tiene una huerta en Badajoz no puede acceder a estas ayudas, y si no es nacional no se le exige este requisito; lo lógico es que se deshaga de ese patrimonio, sea español o de fuera", lamentó.

El candidato popular defendió, también en materia de servicios sociales, un impulso a la concertación, siguiendo el ejemplo de Bizkaia y Gipuzkoa, para pasar de gastar 72.000 por plaza residencial y año a 30.000.

Por otro lado, el candidato del PP criticó que PNV y PSE se hayan "unido para subir los impuestos" y afirmó que su formación eliminará el de vehículos a los coches eléctricos si alcanza el poder. "Álava sería el primer territorio de España en adoptar esta medida, lo que estimularía las ventas", aseguró. Asimismo, De Andrés propuso aplazar el pago del IVA en aquellas facturas que no haya llegado a cobrar el empresario, y que ahora está obligado a satisfacer, una situación que calificó de "injusta".

El candidato conservador, que prometió una gestión sin "gastos ni fastos", criticó que otros partidos "buscan ahondar en el gasto de las instituciones y pasarán la factura a los ciudadanos por la vía de la recaudación".