La Fiscalía de Gipuzkoa pide una multa de 2.160 euros para un escolta, responsable de una empresa de seguridad, al que acusa de colocar dos detonadores en el buzón de la vivienda que compartía con una juez en San Sebastián. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, conocido ayer, los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2010, cuando el procesado presuntamente introdujo dos detonadores y cables mezclados con publicidad en el buzón del domicilio. Después, aparentó que los explosivos habían sido colocados por "personas desconocidas" y llamó a la Policía para alertar de la colocación de los detonadores "fingiendo ser víctima" de la violencia callejera. Varios partidos llegaron a condenar el presunto ataque y solidarizarse con los afectados, pero ahora el escolta ha pasado de ser víctima a estar acusado.
