vitoria. Con el tono solemne que tanto le gusta teatralizar, Ana Urchueguía finalizó su comparecencia en la Comisión de Acción Exterior del Gobierno Vasco asegurando que "he demostrado que todo era verdad", al dar a conocer que la Fiscalía de Gipuzkoa había archivado la denuncia presentada el pasado 28 de febrero por el concejal de Ezker Batua en Lasarte-Oria, Ricardo Ortega.
Una sentencia solemne que ya había sido anunciada por el propio Ortega en su intervención previa como miembro de la Comisión de Investigación que trata de investigar las presuntas irregularidades de las ayudas a la cooperación del municipio guipuzcoano.
La denuncia, como ya adelantó en su día este periódico, fue realizada a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 28 de febrero aportando las fotocopías de las informaciones publicadas los pasados días 26 y 27 de febrero, en las que se daba cuenta de las adquisiciones inmobiliarias de la exalcaldesa de Lasarte-Oria y actual delegada del Gobierno Vasco en Chile y Perú.
La Fiscalia Anticorrupción derivó el caso a la Fiscalía de Gipuzkoa, al entender que la naturaleza y alcance de la denuncia no era de su competencia. Ahora, la Fiscalía de Gipuzkoa ha decidido archivar la denuncia presentada al considerar que no se encuentran "indicios de delito".
Lo sorprendente de este proceso de instrucción express de la Fiscalía guipuzcoana es que tan solo se ha tomado la molestia de llamar a testificar a la actual delegada del Gobierno Vasco en Chile y Perú pero no lo ha hecho con el autor de la denuncia, el concejal de la coalición de izquierdas, ni con los autores de la información periódística en la que estaba basada la citada denuncia.
El fiscal da por buenos todos los documentos nicaragüenses aportados por Ana Urchueguía, que ejerce un férreo control sobre las instituciones de Somoto, especialmente un documento aportado por la presidenta de Asodecom -la presunta ONG somoteña que cambió de órgano directivo cuando se activó la comisión de investigación en Lasarte-Oria- y la de un perito tasador nicaragüense.
En el documento aportado por la presidenta de Asodecom al peculiar proceso de intrucción de la causa, esta asegura que "Asodecom adquirió con fondos propios -es decir, no provenientes de proyecto alguno- una finca rústica conocida como Bilokaguasca pagando por ella una suma en córdobas equivalente a 35.000 dólares", sin explicar en ningún caso a que fondos propios se refiere, ya que, presuntamente, Asodecom es una ONG que sólo dispone de fondos adquiridos por medio de la cooperación. Según se afirma en al auto judicial, la finca se vendió a Ana Urchueguía "al ser la mejor oferta recibida", aunque ayer la exalcadesa afirmó que "lo compre porque me lo ofrecieron". O hizo la mejor oferta o se lo ofrecieron, pero ambas cosas a la vez son contradictorias. En cualquier caso, lo único certificado ante la Fiscalía es que Asodecom generó una plusvalía de casi el 100% en tres años por una transacción inmobiliaria, algo que no está nada mal para ser una ONG.
