vitoria. Aitor Telleria y los dos er-tzainas acusados de espiar a políticos y empresarios alaveses para el exburukide serán juzgados en la Audiencia Provincial de Álava. El juez Roberto Ramos ha rechazado archivar la causa, tal y como pedían los abogados de los tres imputados, al entender que el hallazgo de seis archivos en el ordenador de Telleria con información sobre representantes de PP y PSE y del mundo empresarial, y el cruce de llamadas detectado entre los imputados, suponen indicios suficientes para pasar a la fase de juicio oral.
Telleria y los dos agentes de la extinta Unidad de Información y Análisis -hoy integrada en la División Antiterrorista- están acusados de un presunto delito de revelación de secretos y otro de infidelidad en la custodia de documentos.
El abogado de Telleria solicitó archivar el caso alegando que solo había "pruebas indiciarias" contra su cliente. El letrado expone además que, al no ser funcionario público, no puede ser condenado por los delitos de los que se le acusa.
Cuando la Ertzaintza le detuvo, hace ahora un año, en el marco de la operación contra el presunto caso de corrupción en Álava, los agentes hallaron un disco duro que contenía seis archivos de texto con notas supuestamente recabadas por los dos agentes.
La Ertzaintza comprobó además que en las fechas en las que se redactaron los informes se produjeron diecisiete llamadas telefónicas entre Telleria y un agente, y dos entre el exmiembro del ABB y el otro policía, jefe del primero.
Los abogados de los ertzainas, por su parte, aseguran que los documentos de word del ordenador de Telleria no demuestran que se efectuaran seguimientos. Según los defensores de los agentes, la información recabada no consta en ficheros policiales, aunque ahora se investiga desde Bizkaia si esos datos se pudieron borrar desde la comisaría de Erandio cuando fueron solicitados por el Juzgado número 4 de la Audiencia alavesa. Por otra parte, los dos abogados afirman no haber podido estudiar los siete tomos de que consta el sumario, cuyo secreto se levantó el 12 de enero, al tener que preparar la comparecencia de sus clientes ante la Comisión de investigación del caso Miñano del Parlamento Vasco, que finalmente se desarrolló en la comisaría de Lakua para preservar la identidad de los policías.
El juez afirma que todos los reparos planteados por las defensas podrán ser planteados durante el juicio oral, cuya celebración recurrirán los tres imputados.
En los documentos hallados en poder de Telleria constaban informaciones sobre el primer edil de Vitoria, Patxi Lazcoz, sobre el teniente de alcalde Juan Carlos Alonso, o sobre el juntero del PP Santiago Abascal. También figuran datos sobre funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria, constructores de la ciudad, y sobre presuntos agentes del CNI.
la confesión de "el tarta" Uno de ellos, el Tarta, confirmó haber espiado al lehendakari Ibarretxe para el espionaje español y obligó a su director, Félix Sanz Roldán, a comparecer en el Congreso de los Diputados. El Tarta, también conocido como Jeje, fue llamado a declarar por el juez que investiga el presunto espionaje y allí detalló unos supuestos seguimientos a Ibarretxe y a su entorno que Sanz Roldán negó.
El presunto espionaje es una pieza separada de la investigación judicial sobre el caso Miñano, que investiga la existencia de una supuesta trama de cobro de comisiones ilegales, liderada por el exdiputado de Administración Local, Alfredo De Miguel. Según el sumario, De Miguel, Telleria y Koldo Otxandiano utilizaban como tapadera para el cobro de esas presuntas comisiones la empresa Kataia, domiliciada en una sociedad gastronómica de Vitoria y cuyas titulares eran sus esposas. En la investigación han salido a la luz además otras empresas, Ortzi Muga y Errexal, que presuntamente cobraban al Departamento de Cultura por trabajos no realizados.