Vitoria. Sortu dio ayer un paso más en su lucha por ser una formación legal a través de una declaración sin precedentes que no dejó indiferente a nadie y con la que sus promotores trataron de rebatir uno por uno los argumentos que presentaron en su contra la Fiscalía y la Abogacía del Estado; desde su condición de "sucesora" de Batasuna, hasta su "artificioso" rechazo "formal" de la violencia de ETA.

Ejerciendo de maestro de ceremonias en la presentación de la nueva marca, Rufi Etxeberria, adelantó ya en el Euskalduna que si los tribunales exigían "más", los promotores deberían "actuar" para superar las trabas. "No contemplamos otro escenario que no sea disponer de una marca legal" ante las urnas, dijo.

Ayer, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, reclamaba a este sector que avanzara en esta dirección para que sus "hechos" refutaran los peros que aún mantienen los organismos del Estado para impedir su legalización.

Pues bien, apenas unas horas después de que el dirigente jeltzale hiciera esta llamada desde los micrófonos de Radio Euskadi, Sortu hacía pública una nota destinada a desmontar uno por uno los "indicios" de ilegalidad detectados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado que fue recibida como "una buena noticia" incluso por el portavoz parlamentario de los socialistas vascos, José Antonio Pastor. "Es evidente que han hecho un ejercicio que era una reclamación unánime de toda la sociedad vasca"; van "en la buena dirección", admitió Pastor.

"Alejamiento definitivo" El motivo de este optimismo radica en la claridad con la que Sortu se desmarcó ayer de su pasado y se presentó como un verdadero "punto de inflexión en la trayectoria de la izquierda abertzale" antes representada por Batasuna.

"Estos principios no son retóricos ni pretenden ser, en absoluto, un movimiento táctico o un mero cumplimiento formal de la legalidad con un carácter instrumental para dar cuerpo a organizaciones ilegalizadas. No se trata de un alejamiento coyuntural de la violencia, sino estratégico y definitivo", garantizó la nueva formación, que además rechazó con nombres y apellidos los últimos actos de kale borroka en Gasteiz e incluso ensayó la denuncia de las hipotéticas acciones violentas de ETA mostrando su solidaridad al propio lehendakari López ante los planes que la organización podría haber barajado para atentar contra él durante el aniversario del asesinato de Eduardo Puelles.

"Representamos un nuevo proyecto político y organizativo para una nueva fase en Euskal Herria con el objetivo de alcanzar y consolidar la paz, la justicia y la democracia. Desde la legitimidad que nos otorga un importante sector de la sociedad vasca y por vías exclusivamente políticas y democráticas, no hemos nacido para dar continuidad organizativa ni funcional a partidos ilegalizados sino para dar vida a una formación política con principios y compromisos que son un punto de inflexión en la trayectoria de la izquierda abertzale", añadían para refutar las sospechas de "sucesión" de las organizaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale alegada por los abogados del Estado. "Queremos contribuir a la desaparición de cualquier violencia y en particular a la de ETA(...). Sortu quiere comprometerse en ese anhelo común de la sociedad vasca, para que nadie ni nunca utilice la violencia en la defensa o apoyo de ideas o proyectos políticos", respondía a la Fiscalía con un ojo puesto en la judicatura, responsable última de decidir sobre su legalidad, a la que invitaba a desligar su decisión final de las "batallas políticas".

Pero las voces que sujetaron el alcance de este comunicado no vinieron sólo del PP. Desde el Gabinete Zapatero, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, reivindicó su "derecho a tener dudas", el de Justicia aseguró -antes de conocer esta nota- que Sortu "no cumple con la Ley de Partidos", mientras su jefe de filas, el presidente Zapatero, advirtió de que "con ETA viva, tendrá dificultades" para ser legal, aunque lo dicho ayer sea "mejor que el silencio" que antes se mantenía ante ETA.