Bilbao. El rechazo de "todo tipo de violencia, incluida la de ETA", que Sortu reiteró ayer, desmontó uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, para reclamar al Tribunal Supremo que paralice el proceso de legalización de la nueva marca. Ayer mismo, el Alto Tribunal admitió a trámite la demanda de la Abogacía -que concluía que Sortu "es incapaz de condenar a ETA" por el silencio de sus representantes tras la detención el pasado martes de cuatro presuntos miembros de ETA- y dejó en suspenso el proceso para su inscripción en el registro de partidos del ministerio del Interior.
Ya por la tarde, Sortu emitió un comunicado en el que aseguró que, "tal y como señalan sus estatutos y ha sido reiterado por sus promotores, rechaza todo tipo de violencia, incluida la de ETA, y muestra su compromiso en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, así como en la superación de las consecuencias de toda violencia". En dichos actos incluyó "la violencia callejera", que reapareció en la noche del miércoles en Gasteiz, así como "los malos tratos y la tortura". De esta forma respondía a las tesis de la Abogacía, según la cual su rechazo a ETA es meramente "retórico e instrumental". Muy al contrario, Sortu afirma que el mismo es "nítido, firme y real".
La intensa jornada de ayer comenzó a las 10.00 horas, cuando el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, presentó en el Tribunal Supremo la demanda de los servicios jurídicos del Estado contra Sortu. El escrito echaba mano del silencio que, hasta entonces, habían mantenido sus miembros respecto al arresto el martes en Bilbao y Galdakao de cuatro presuntos miembros de ETA. El Gobierno español concluía por tanto que las nuevas siglas de la izquierda aber-tzale oficial "son incapaces de condenar a ETA".
Tan solo cinco horas después, la Sala del 61 del Alto Tribunal admitió a trámite la demanda y suspendió el proceso para su inscripción en el registro de formaciones políticas, tal y como prevé la Ley de Partidos. Asimismo, emplazó a Sortu a formular las alegaciones que estime oportunas. El siguiente paso corresponde a la Fiscalía General del Estado, que, previsiblemente, presentará el próximo lunes su propia demanda contra la incorporación de Sortu al marco de la legalidad. El Tribunal Supremo acumulará entonces ambas reclamaciones y contará con un plazo de mes y medio para emitir una resolución, justo el límite establecido por la Ley Electoral para presentar candidaturas a las elecciones municipales y forales del 22 de mayo.
La Abogacía esgrimía la no respuesta de Sortu a la detención de cuatro supuestos activistas de ETA para aseverar que "Sortu y sus representantes y promotores son incapaces de condenar una actuación de ETA, como es el almacenamiento de explosivos y una cadena de asesinatos cometida por un comando de dicha organización". Los integrantes de este talde han confesado su participación en más de una docena de atentados, incluidos los asesinatos del guardia civil Luis Conde y del inspector de policía Eduardo Puelles.
El Ejecutivo español incluye como prueba la entrevista que el miércoles concedió a la Ser la responsable de Sortu en Eibar, Irene Zarraua. Preguntada sobre la operación policial de la víspera, tan solo acertó a contestar: "Bueno, yo analista política no soy, pero bueno, se supone que si han descubierto algo, pues su labor... su eso es, hacer las detenciones ¿no? No se... pues qué van a hacer". La demanda también señala que una de las promotoras de Sortu, la concejal de ANV en el Ayuntamiento de Iruñea Mariné Pueyo, se negó a secundar el 18 de febrero una moción de condena a ETA.
Ya por la tarde, Sortu emitió un comunicado en el que achacó el paso adoptado por la Abogacía del Estado a "una decisión política que niega los derechos fundamentales de los ciudadanos". Respecto a la exigencia que el Gobierno español y la gran mayoría de partidos políticos le han trasladado para que se pronuncie sobre la última operación policial, consideró "cuanto menos curioso que quienes han apelado a nuestra ilegalización, quienes nos quieren castigar al silencio político son los que nos exigen pronunciamientos públicos ante estos hechos".
En la nota, justificó además su silencio sobre los arrestos recordando que "desde el momento de su presentación, Sortu decidió mantenerse al margen de los acontecimientos políticos diarios" y que "el día que sea una organización legal" se postulará "sin ningún género de dudas". Concluye haciendo hincapié en "el gran apoyo" que está recibiendo desde múltiples sectores, agregando que su legalización "es deseada y solicitada por la gran mayoría de la sociedad vasca e incluso por amplios sectores de la sociedad española".
Papeles de "Susper" La ausencia de posicionamiento de Sortu, al menos hasta la difusión de su comunicado de ayer, sobre la operación del martes de la Guardia Civil no fue el único argumento esgrimido por la Abogacía del Estado. En su escrito establecía hasta cinco "conexiones directas" de la nueva marca con ETA, empezando por una conversación mantenida en prisión entre el abogado José María Compains, integrante del grupo promotor de la formación, y su hijo Eneko, miembro de Ekin.
También esgrime la asistencia de los abogados Iñaki Goioaga Llano y Arantza Zulueta al acto de presentación de Sortu en el Palacio Euskalduna de Bilbao; al hecho de que otro impulsor del nuevo partido, José Javier Artola, es titular de una cuenta bancaria que fue utilizada para ayudar al colectivo de presos del sumario 18/98; y al hecho de que los miembros de Sortu que registraron sus estatutos en el ministerio del Interior el pasado 9 de febrero fueron trasladados y asistidos por dos personas "ligadas al complejo ETA-Batasuna".
Por último, la Abogacía apunta que el nombre de Sonia Respaldiza Bombín, miembro también del grupo promotor de Sortu, aparece citado en los documentos intervenidos a Ibon Fernández Iradi, Susper. La propia Respaldiza contestó ayer en otro comunicado en el que niega haber tenido cualquier contacto con el dirigente de ETA.
