madrid. Los cuatro presuntos miembros de un comando legal de ETA detenidos el pasado martes en Bizkaia habrían admitido en sus declaraciones ante la Guardia Civil su participación en 16 atentados, incluidos los que costaron la vida al policía Eduardo Puelles y al brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz. Es la información que fuentes de la lucha antiterrorista citadas por Efe ofrecieron ayer, señalando que todas estas acciones al parecer reconocidas por los detenidos fueron cometidas en los últimos años en la provincia de Bizkaia o en territorios limítrofes.
Se trata de tres atentados con coches bomba en Burgos, Logroño y Santoña -este último en el que murió Conde-, otros tres atentados con bombas lapa en Bilbao -entre ellos el que acabó con la vida de Puelles-, así como seis bombas que causaron solo daños materiales en juzgados, un edificio de la Seguridad Social, dependencias del Inem y varios repetidores. Completan la lista la colocación de cuatro artefactos de menor potencia en carreteras del País Vasco, Cantabria y Navarra en marzo de 2006, día en el que Batasuna había convocado una huelga general en Euskadi.
Según las mismas fuentes, el comando que integraban Iñigo Zapirain Romano, Beatriz Etxebarria Caballero, Daniel Pastor Alonso y Lorena López Díez, recibía el nombre de Otazua, en homenaje al terrorista de ETA Arkaitz Otazua, muerto en un enfrentamiento con el Ertzaintza en el Alto de Herrera el 14 de septiembre de 2003. Los detenidos ocultaban entre una bajera de Galdakao y el domicilio que ocupaban dos de ellos unos 200 kilos de explosivo, varias armas y material para la fabricación de bombas lapa. Este último fue el método utilizado para asesinar al inspector Puelles en Arrigorriaga, en el primer atentado mortal cometido por ETA tras la llegada a la presidencia del Gobierno Vasco del socialista Patxi López.
El segundo asesinato en el que los detenidos habrían confesado su participación, siempre según fuentes policiales, fue el del brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de la Cruz el 22 de septiembre de 2008 en Santoña, muerto por la explosión de un coche bomba. Usaron el mismo método para atentar contra el cuartel de la Guardia Civil de Burgos el 29 de julio de 2009, tal y como habían intentado dos años antes, el 9 de septiembre de 2007, cuando colocaron un coche bomba frente a la sede de la Delegación de Defensa en Logroño, que no explotó por un fallo en el cordón detonante.
Además, serían también supuestos responsables de otras dos bombas lapa que estallaron en Bilbao: la primera de ellas adosada al vehículo de Gabriel Giner, escolta de un concejal del PSE-EE en Galdakao, quien resultó herido en octubre de 2007; y la segunda, una que no llegó a explotar y que habían colocado en septiembre de 2008 en el coche de un agente de policía. Cuando sean puestos a disposición judicial, previsiblemente este fin de semana, los detenidos prestarán declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.
Las mismas fuentes informaron de que los detenidos habían recopilado información sobre un juez y un agente de la Ertzaintza, entre otros objetivos, aunque los investigadores trabajan con la hipótesis de que la información no estaba actualizada y se había recogido años atrás.
Familiares de los cuatro arrestados acudieron ayer a la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, donde hicieron entrega de un escrito acompañados por abogados del TAT y representantes de la izquierda abertzale, Aralar, EA, Aralar, Alternatiba, ESK, LAB y STEE-Eilas. En su nota, reclaman que se les levante la incomunicación, que se les apliquen protocolos contra los malos tratos y la tortura y que pasen a disposición judicial lo antes posible asistidos por abogados de confianza. También Lokarri denunció la incomunicación aplicada a estas detenciones y las filtraciones a la prensa.
