Donostia. Un "exceso". Así califica el portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, el contenido de los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que el Ministerio del Interior ha remitido a la Abogacía del Estado y la Fiscalía junto a la petición de legalización de Sortu.
Ramírez cree que ninguno de los dos cuerpos "tiene competencias para hacer valoraciones jurídicas" en las que habrían entrado a tenor del contenido conocido entre ayer y anteayer. El portavoz de JpD recordó en RNE que Policía Nacional y Guardia Civil debe ser única y exclusivamente aportar hechos". Además, insistió en que los dossieres "ni pueden tener valoración jurídica, ni vinculan" a la posible decisión posterior.
El representante de los magistrados conservadores, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, también descartó que el papel de las policías sea establecer conclusiones jurídicas y afirmó que debería "aportar datos que permitan contribuir a construir un juicio racional y lógico sobre si detrás de esa pretensión de inscripción hay un interés de burlar la ley", aunque calificó que "la pluralidad de indicios" apunta a que Sortu es "heredera" de Batasuna.
Aun así, el Gobierno ya esgrime los dossieres policiales como argumentos para defender la posible no-legalización. Así, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, señaló que las pesquisas policiales llevan al Gobierno a pedir que no se les inscriba como partido político democrático: "Hay una coherencia plena en nuestra actuación, aunque tenemos que mirar las cosas que están pasando porque probablemente nunca hemos estado más cerca de la paz".
La oposición popular no ocultó su satisfacción con los informes policiales. Su presidente, Mariano Rajoy, fue una de las muchas voces que hablaron al respecto en el PP y lo hizo para calificar la documentación de "excelente noticia", al tiempo que alertaba de que sería dar "un paso atrás" si Sortu logra estar en las elecciones de mayo.
En el lado opuesto de estas valoraciones se encontró la del portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, que valoró como "esperpénticos" los informes porque "vuelven a acusar sin aportar ni una sola prueba que demuestre la vinculación de Sortu con ETA".
"Rechazo" El informe de la Policía Nacional, al que ayer tuvo acceso este periódico de manera íntegra, completa las principales informaciones ofrecidas a lo largo del jueves. Entre los aspectos novedosos se halla la visión del cuerpo policial sobre el "rechazo de la violencia, incluida la de ETA" que mostraron Rufi Etxeberria y el abogado Iñigo Iruin el pasado 7 de febrero en Bilbao.
Para la Policía Nacional, "compromisos con el rechazo de la violencia terrorista ya fueron suscritos anteriormente por los partidos políticos ilegalizados y por Batasuna".
El informe, fechado a 16 de febrero de 2011 y que recoge hasta fotografías de cuando los impulsores de Sortu desayunaron en Madrid, hace referencia al "acuerdo" de Euskal Herritarrok para la investidura del exlehendakari Juan José Ibarretxe (2001) o la propuesta de Anoeta, Orain herria; orain bakea (2004). En ambas se hace, como ahora, mención a apuestas "inequívocas por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto de naturaleza política existente en Euskal Herria", pero pese a justificar que en esas declaraciones existe un rechazo a la violencia, el informe policial obvia dicha repulsa y, por ende, que esa oposición sea expresa a la violencia de ETA.
