bilbao. Entre los preparativos para impedir que la nueva marca de la ilegalizada Batasuna se pueda colar en los comicios municipales y forales del próximo mes de mayo,

el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su secretario de Estado, Antonio Camacho, convocaron a mediados de enero unos encuentros en los que estuvieron presentes representantes del CNI -Centro Nacional de Inteligencia-, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de varios miembros de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General.

En estos encuentros se puso en común toda la información de que se dispone a través de los informes policiales y se comenzó a trazar la línea jurídica a seguir de cara a la presentación del nuevo partido político en caso de una posible demanda ante el Tribunal Supremo. Para ello, el Ejecutivo de Madrid está teniendo en cuenta toda la jurisprudencia de la que se dispone hasta la fecha sobre casos similares. La referencia principal es el incidente de ejecución de sentencia presentado contra Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en 2007, que dio como resultado que el Tribunal Supremo impidera el registro de esta marca en el Ministerio del Interior. Fue el único caso en el que se impidió la inscripción de un partido por considerarse una continuidad de HB y EH, anteriormente ilegalizados -el resto han sido ilegalizaciones o impugnaciones de listas-. En eso es precisamente en lo que están los abogados y los miembros de la policía y de los servicios secretos convocados por Rubalcaba, en impedir que se registre el nuevo partido político sucesor de Batasuna con el fin de presentarse a las elecciones de mayo.

De hecho, fuentes del Gobierno consultadas por la agencia Europa Press precisaron que no se pretendía ilegalizar un partido -aún no tiene naturaleza jurídica ya que no se ha registrado-, sino de impedir que sea inscrito en el Registro de Partidos Políticos al suponer una continuidad de las marcas ilegalizadas anteriormente. El Gobierno ha trabajado hasta ahora con la hipótesis de que la formación ilegalizada presentará un partido "a las claras" y con el respaldo de los mismos que formaban parte de Batasuna.

Teniendo en cuenta esto, el procedimiento que se prevé abrir tratará de poner en evidencia la presunta continuidad de las marcas ya ilegalizadas. Así, los integrantes del nuevo partido político deberán demostrar que la banda terrorista no está detrás.