LA izquierda abertzale oficial presenta mañana en Bilbao los estatutos del nuevo partido con el que este sector político pretende concurrir a las elecciones municipales y forales del próximo mayo. En los últimos meses se han sucedido las declaraciones. Destacados portavoces de la izquierda abertzale tradicional han asegurado que cumplirán con los requisitos legales que marca la Ley de Partidos. Desde el Gobierno español, su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó en noviembre que su Ejecutivo no tiene ninguna prisa por legalizar a la izquierda abertzale. En enero, después del último comunicado de ETA, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, fue más tajante al manifestar que "salvo que ocurran más cambios de aquí a mayo, sobre el esquema actual del último comunicado no vislumbro la posibilidad de legalizar un partido de la izquierda abertzale".

¿Decisión jurídica o decisión política? DNA ha pulsado la opinión de tres expertos en Derecho para que analicen las posibilidades que tiene la izquierda abertzale de registrar una nueva marca con todas las bendiciones legales: Francisco Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Consitucional; Alfons López Tena, parlamentario catalán y exmiembro del Consejo General del Poder Judicial; y Alvaro Reizabal, abogado vasco vinculado a la izquierda abertzale. Los tres coinciden en asegurar que, en el fondo, lo que subyace es una voluntad política sobre la decisón de que el nuevo partido esté o no presente en las urnas

Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y a la espera de ver qué dicen los estatutos que desgranará Iñigo Iruin, no tiene ninguna duda de que "lo que van a presentar va a cumplir con lo que dice la Ley de Partidos". "De eso no tengo la menor duda. Van a ser muy escrupulosos en ese sentido", asegura este destacado jurista sevillano, que recuerda que para inscribir un partido no es obligatorio condenar la violencia. "No se puede mezclar la cuestión ética con la legal. En la Ley de Partidos no se especifica que deba haber una condena a la violencia. No aparece en ningún caso que sea una condición indispensable para dar validez legal a un partido. Pero, incluso en el caso de que fuera así, fácilmente pueden asegurar que rechazan todo tipo de violencia, algo que han dicho en muchas ocasiones en estos últimos meses, y nadie podría poner un pero legal a su inscripción en el registro de partidos políticos", zanja.

Álvaro Reizabal habla de un silencio positivo. "En el artículo 4 párrafo 2 se especifica que, dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa en el Registro de Partidos Políticos, el Ministerio del Interior procederá a practicar la inscripción del partido. En este caso, si hay un silencio, se da por sentado que el partido cumple con todos los requisitos y, automáticamente, queda legalizado", asegura.

fraude de ley Esa es la teoría, pero las cosas no son al final como parece que van a ser, tal como matiza Pérez Royo: "Si, en ese plazo de tiempo, el Ministerio Fiscal encuentra algo que en su opinión es recurrible, tiene que encontrar un juez que dé pábulo a su denuncia y que admita a trámite la impugnación. Seguro que hay jueces disponibles".

¿Qué puede pasar entonces? Javier Pérez Royo lo tiene claro: "Se paraliza de inmediato el plazo, no corren los días, y puede estar así hasta que políticamente interese, que puede ser una vez que hayan pasado las elecciones de mayo".

Para Alfons López Tena, la clave no es si se condena o no la violencia, sino si se considera que ese partido nuevo es continuación de una formación ya declarada ilegal. Reizabal considera, en este sentido, que el artículo 12-b de esa Ley de Partidos es clave para oponerse a la legalización. "Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto", señala ese párrafo b del artículo 12. "Pueden acogerse a ese párrafo para presentar una impunación por parte del Ministerio Fiscal", señala este abogado guipuzcoano.

"El eje de lo que vaya a pasar será si se le trata como un partido nuevo o, por el contrario, continuador de otra fuerza ilegalizada con anterioridad. Si es un partido nuevo, no va a pasar nada. Se inscribe en el registro como lo hicimos nosotros, y listo [López Tena es diputado por Solidaritat, el partido fundado por Joan Laporta]. El Ministerio del Interior le da la validez correspondiente, y ya está. Nadie tiene que decir nada de nada", asegura el letrado catalán.

Sin embargo, si el Gobierno español se acoge a lo que dice el artículo 12 de la Ley de Partidos, la situación cambiaría radicalmente, en opinión de López Tena: "Si consideran al nuevo partido un continuador de Batasuna, las cosas se complican. Desde el momento en que uno es considerado como continuador de un partido ya ilegalizado, no puede ser legalizado. No se hablaría de inscribir un partido nuevo, sino de dar legalidad a uno que jurídicamente se encuentra ilegalizado".

condena de la violencia En este caso, para Alfons López Tena sí podría ser clave una condena explícita de la violencia. "No se trata de si se apoya o no a la violencia, sino de si es o no continuador de una formación que está ya ilegalizada por los jueces. ¿Cómo se manifiesta si se es continuador? Según el Tribunal Supremo, por el hecho de que en las listas aparezcan personas que ya estuvieron en el anterior partido ilegalizado. El Tribunal Constitucional dijo que, si eso era así, un contraindicio de esa continuación sería el hecho de que los promotores de la formación condenaran la violencia de forma explícita", señala el miembro del Parlament catalán.

Más allá de las disquisiciones legales, para Pérez Royo otra de las variables a tener en cuenta es la presión que pueda ejercer el Partido Popular. "El PP, y los medios periodísticos afines a esta formación política, van a presionar para que no se produzca la legalización. Por eso, está claro que en este caso, además de la cuestión meramente legal, lo que subyace es la cuestión política de conveniencia o no de que la izquierda abertzale sea legal y esté presente en las próximas elecciones", asegura.

Reizabal se refería a la reciente sentencia del caso Udalbiltza. "En la página 35 se señala que la Constitución permite defender cualquier idea o proyecto político, aunque suponga una modificación o alteración de la actual configuración del Estado. Además, en la página 45 de esta sentencia se asegura que la ilegalidad de una formación política no implica que sus impulsores o promotores sean integrantes o colaboradores de una organización terrorista. Quedó desmontado eso de que todo es ETA", señala. Sin embargo, el Ejecutivo Zapatero parece tenerlo claro. Con respecto a la sentencia del caso Udalbiltza, Alfredo Pérez Rubalcaba manifestó que "no afecta a este proceso". "Aquí no hay un partido a ilegalizar. Lo que hay es un partido ilegal, Batasuna, porque los tribunales han declarado que forma parte de ETA. Si quiere volver a ser legal, tendrá que demostrar en los tribunales que ya no pertenece a ETA". La justicia, o el Gobierno español, tienen la última palabra.