Vitoria. Araceli Bajo, la esposa del ex número dos del PNV alavés Aitor Telleria, eludió ayer por segunda vez comparecer ante la Comisión de investigación del caso Miñano en el Parlamento tras alegar que se encuentra de baja por enfermedad. Bajo, que rehusó presentarse en su primera citación, el 5 de enero, afirmando que se lo impedía el hecho de que haya una investigación judicial en curso sobre la presunta trama corrupta en Álava, se enfrentaba a una acusación penal de desobediencia si volvía a reincidir en su negativa.

Sin embargo, tal y como confirmó ayer el presidente de la Comisión, Juanjo Agirrezabala, el pasado viernes su abogado se puso en contacto con la Cámara para comunicarle que su cliente se encuentra de baja por enfermedad y que, por lo tanto, no iba a acudir a declarar ayer. Agirrezabala rechazó que el argumento suponga una maniobra para evitar comparecer por parte de Bajo, que en la tarde de ayer remitió a la Cámara el justificante médico de su indisposición.

Ante esta segunda ausencia de la esposa de Telleria, y en vista de que el miércoles se elaborarán las conclusiones sobre el presunto espionaje y sobre los contratos del Departamento de Cultura con empresas vinculadas al PNV, los parlamentarios decidieron remitir a Bajo un cuestionario que deberá contestar en el plazo de siete días.

Después de que Aitor Telleria solicitara el viernes a la Cámara que preservara su imagen de las cámaras y de que los ertzainas acusados de espionaje declararan desde comisaría por la misma razón, se había suscitado en la Cámara un debate sobre la protección del derecho a la intimidad de los comparecientes.

Sin embargo, y pese a que las personas citadas no lograron eludir a los medios de comunicación -los pasillos del Parlamento son un lugar público a esos efectos-, Agirrezabala afirmó que la declaración vía cuestionario es una medida excepcional que no tendrá continuidad a no ser que lleguen al Parlamento más certificados de bajas médicas.

Bajo, por otro lado, aún no ha decidido si responderá a las preguntas de los parlamentarios, pues está en su derecho de no hacerlo si cree que puede ser lesivo para su defensa o si estima que puede incurrir en una ilegalidad al hacerlo. Su marido ya rechazó el viernes contestar a la Comisión, y en cambio leyó un escrito en el que afirmaba temer por su vida al haberse visto relacionado por la Justicia en el caso de presunto espionaje.

Quien sí contestó ayer con detalle a los partidos fue el exdirector de la Ertzaintza, Jon Uriarte, quien no perdió la oportunidad de recriminar al Parlamento el que el nombre de la empresa de seguridad para la que trabaja apareciera en los documentos de la Comisión de investigación, cuando no tiene relación alguna con el caso.

Uriarte testificó durante hora y media ante los parlamentarios, a quienes ofreció información suficiente para "aclarar algunos aspectos", afirmó Agirrezabala, sobre la investigación en torno al supuesto espionaje a representantes del PSE, del PP y del empresariado alavés.

La comparecencia del exdirector de la Ertzaintza, que accedió a la sala de comisiones junto a un acompañante no identificado, cierra el bloque sobre el espionaje y los contratos de Cultura. Agirrezabala pasará una ficha de evaluación a los grupos para valorar el resultado de las pesquisas y la Comisión iniciará, ya en febrero, la investigación sobre las presuntas irregularidades en el Parque Tecnológico de Miñano.