vitoria. Iñaki San Juan, administrador de Errexal, la empresa que presuntamente recibió adjudicaciones irregulares por parte del Departamento de Cultura, denunciará ante el Ararteko la "vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen" que a su juicio ha cometido Parlamento Vasco al llamarle a declarar en la Comisión de investigación del caso Miñano haciendo público su nombre.
El exconcejal del PNV en Leioa también se quejará a la institución que dirige Iñigo Lamarca del hecho de que "se nos acuse públicamente del delito de desobediencia perpetrado por la supuesta incomparecencia". A juicio de San Juan, esa acusación "es calumniosa".
Y lo es porque según el administrador de Errexal, que no está imputado por el juez Ramos, el presidente de la Comisión, Juanjo Agirrezabala, no le citó a tiempo de forma oficial para acudir al Parlamento el 3 de enero. Según señaló San Juan en una nota entregada a los medios, el burofax que le llamaba a comparecer el día 3 "es recogido en la oficina de correos de Amurrio el día 4 a las 12.00 horas".
El exconcejal jeltzale asume así la misma estrategia defensiva que varios de los imputados llamados a declarar por la Comisión, quienes se quejan de que la Cámara no ha respetado su propio Reglamento a la hora de citar a los comparecientes. San Juan, que apenas estuvo un cuarto de hora ante los parlamentarios, afirmó que acudía a declarar para "impedir el ataque a la imagen del partido político contra el cuál esta Comisión ha sido constituida".
El representante de Errexal criticó además el "linchamiento mediático" que dice sufrir en las últimas semanas y el hecho de que sólo se haya respetado el deseo de permanecer en el anonimato al funcionario del Departamento de Cultura que abrió las comparecencias en el Legislativo vasco. A juicio de San Juan, la Comisión "obedece a cálculos estrictamente electorales y no al objetivo de esclarecer la verdad".
También son muy críticos con este foro los dos agentes de la Ertzaintza que han de declarar mañana y que la semana pasada se quejaron de que sus nombres fueran publicados en la web del Legislativo. Los dos policías exigieron que se adopten medidas para preservar su imagen y su seguridad y, si la semana pasada sus nombres fueron borrados de la página de Internet, ayer la Comisión decidió escuchar a los agentes en un lugar distinto al habitual para evitar que se fotografíe a los policías. Ambos corroboran que acudirán al Parlamento y su idea, a falta de terminar de estudiar los 1.600 folios del sumario sobre el espionaje revelados el jueves, es acogerse a su derecho a no declarar.
ares defiende a la Ertzaintza La imputación de estos dos policías por la Justicia y su llamada a declarar en el Parlamento llevaron ayer al consejero de Interior, Rodolfo Ares, a pedir "responsabilidad a todos" para evitar "que se culpabilice a la Ertzaintza de un hecho aislado", en referencia al presunto espionaje del que se acusa a los dos policías. El juez investiga si los dos agentes espiaban para el exburukide Aitor Telleria, el encargado de gestionar la abundante información anónima que llega al Araba Buru Batzar.
Ares recordó que fue la propia Policía autonómica la que denunció el presunto espionaje, y pidió que caiga sobre los imputados "todo el peso de la Ley" si se demuestra su culpabilidad.
