madrid. El Tribunal Supremo ha paralizado la tramitación del proceso abierto contra el juez Garzón por la presunta prevaricación cometida al investigar sin competencia los crímenes del franquismo. Aunque la razón de esta decisión del alto tribunal es puramente formal (tramitar las recusaciones presentadas por la defensa del juez contra cinco de los magistrados que inicialmente iban a juzgar este caso), la realidad es que supone un doble balón de oxígeno para el magistrado relevado ahora de su puesto: por una parte gana tiempo antes de tener que sentarse en el banquillo de los acusados y, por otra parte, abre una vía para poder desautorizar a sus acusadores. Los recusados son el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruiz, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez García, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Garzón considera que su intervención en varios momentos de la instrucción de la causa los inhabilita para juzgarle con la suficiente imparcialidad.
La decisión del Supremo se ha trasladado tanto a la Fiscalía como a la acusación popular personada en este caso (el sindicato ultra Manos Limpias) para que en el plazo de tres días puedan alegar lo que consideren oportuno sobre las recusaciones.
respaldo Pero ésta no fue la única buena noticia de ayer para Garzón ya que la Audiencia Nacional también avalaba la instrucción del caso Pretoria y la legalidad de las escuchas telefónicas a que fueron sometidos los principales imputados. El argumento es que dichas intervenciones que se basaban "en detallados informes policiales y en la sospecha de delitos graves".
En un auto que se dio a conocer a la mañana, el tribunal desestimaba los recursos presentados por las defensas de los principales implicados en la trama de corrupción urbanística catalana: el ex diputado socialista Luis García, los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bertomeu Muñoz.
