WASHINGTON. Una orden judicial emitida por un tribunal estadounidense exige a la red social Twitter información sobre la cuenta de Wikileaks, así como detalles personales de su fundador, Julian Assange, y varios simpatizantes de la organización. Wikileaks dijo ayer en un comunicado que la citación judicial confirma "la existencia de una investigación gubernamental secreta estadounidense por espionaje sobre Wikileaks". La organización, que tiene 1,5 millones de seguidores en Facebook y unos 600.000 en Twitter, pidió ayer a Facebook y Google que revelen si han recibido citaciones judiciales similares a la de Twitter. La orden, firmada el 14 de diciembre por la juez Theresa Buchanan en Alexandria, Virginia, estado contiguo a la capital de EE.UU., aparece publicada en exclusiva en la página web de la revista Salon.
La citación pedía a Twitter responder "en el plazo de tres días" y le prohibía informar a las personas afectadas. Twitter ha apelado y logró que Buchanan la autorizase este miércoles para informar a los usuarios afectados, que tienen 10 días para recurrir la orden.
La citación pide información de Assange, así como de Bradley Manning, el soldado acusado de ser la fuente de Wikileaks, y Birgitta Jonsdottir, una de las 63 integrantes del Parlamento de Islandia que colaboró con Assange en la divulgación del vídeo Asesinato Colateral en abril. El citado vídeo muestra cómo un helicóptero estadounidense dispara en julio de 2007 contra civiles en Irak en un aparente ataque a sangre fría en el que fallecieron un fotógrafo de Reuters y su conductor. La orden judicial afecta también al pirata informático holandés Rop Gonggrijp y al programador estadounidense Jacob Appelbaum, que han colaborado con Wikileaks. Appelbaum fue interrogado por agentes estadounidenses durante tres horas en julio en el aeropuerto de Newark. Los agentes aduaneros confiscaron sus teléfonos, fotocopiaron documentos que llevaba consigo y realizaron una búsqueda en su ordenador. La información requerida en la citación judicial abarca desde noviembre de 2009 hasta la actualidad. La orden pide las direcciones de IP desde las que los cinco usuarios acceden a Twitter.