vitoria. El lunes Iñaki San Juan, administrador de dos de las empresas presuntamente beneficiadas por la supuesta trama corrupta en el seno del PNV alavés, plantó a la Comisión de investigación parlamentaria del caso De Miguel sin dar ningún tipo de explicación. Ayer uno de los principales encausados por la Justicia, Aitor Telleria, y su esposa, optaron por una estrategia sutilmente distinta pero seguramente más apropiada para su defensa, ya que al contrario que San Juan, ambos están imputados.
El abogado de Telleria y de Araceli Bajo remitió ayer a las 11.00 horas un burofax al Parlamento Vasco, según informa Europa Press, en el que alega que la Cámara "no ofrece las garantías jurídicas necesarias" para sus representados y que por ello no acudirán a declarar. El documento oficial llegó al Legislativo un día antes de la cita que Bajo, junto a la esposa de Alfredo De Miguel, Ainhoa Bilbao, tienen esta mañana con la Comisión de investigación.
La decisión del matrimonio Telleria-Bajo separa su estrategia de defensa de la de Alfredo de Miguel, pues Ainhoa Bilbao sí estará esta mañana en la Cámara, o al menos no ha comunicado lo contrario. Tampoco lo ha hecho el propio De Miguel, que aún no ha sido citado oficialmente. Telleria debía ofrecer, el 21 de enero, explicaciones en relación a los datos sobre personalidades políticas alavesas hallados en su ordenador personal, recabados presuntamente por dos ertzainas de la Unidad de Información y Análisis.
Desde el PNV, que el lunes criticó el uso, a su juicio partidista, que se está haciendo de la Comisión, se condenó ayer "enérgicamente" el plante de San Juan, Telleria y Bajo al Legislativo autonómico.
Y mientras la Comisión parlamentaria lidia con las dificultades que le está presentando la fase de testimonios, en las Juntas Generales alavesas Aralar denuncia la negativa del PNV y el PSE a reformar el Reglamento de la Cámara foral para incrementar su fiscalización sobre el Ejecutivo de Xabier Agirre, una demanda surgida al calor de las presuntas irregularidades cometidas en Zambrana, otra ramificación del caso De Miguel. El juntero Iñaki Aldekoa recordó que Aralar ya criticó en julio que ambas formaciones "no ponían solución, de forma interesada, a la falta de control de las Juntas Generales a la Diputación".
Por ello, Aralar presentará una iniciativa dirigida a "retomar el debate en los términos en que debería haberse hecho en julio, y se deberá acometer una reforma del Reglamento que tenga incidencia real sobre la transparencia en los datos".
