vitoria. La comisión parlamentaria que investiga el caso De Miguel llamará a declarar a la exconsejera de Cultura, Miren Azkarate, y a su viceconsejero, Gurutz Larrañaga, durante el próximo mes de enero, que se empleará a indagar en las presuntas irregularidades cometidas en el Departamento que dirigía la también portavoz del tripartito.

Así, la comparecencia del exdiputado foral de Administración Local Alfredo De Miguel, eje y detonante de un caso que se ha extendido a la red de parques tecnológicos de Euskadi, al Departamento de Cultura del Ejecutivo autónomo, a la Ertzaintza o al Ayuntamiento de Zambrana, se retrasa al menos hasta febrero, según explicó ayer el presidente de la Comisión, Juanjo Agirrezabala. El también portavoz de EA insistió en que el listado de comparecientes no está cerrado y que puede ampliarse en función del curso de las investigaciones.

Las comparecencias arrancarán el próximo 3 de enero, mes habilitado por los grupos para no frenar los trabajos de la comisión, con la asistencia de un funcionario del Departamento de Cultura que ha pedido el anonimato a los grupos, y de Iñaki San Juan, administrador de las empresas Errexal y Ortzi Muga. Estas firmas recibieron, supuestamente, varios contratos sin concurso previo de la consejería que dirigían Azkarate y Larrañaga.

No declararán los titulares, ni anteriores ni presentes, de los otros dos departamentos supuestamente implicados, Industria e Interior, porque no lo han pedido un mínimo de dos grupos, aunque sí lo harán el anterior director de la Ertzaintza, Jon Uriarte; o Antón Zubiaurre, ex director general de Sprilur. Ya el día 5 acudirán al Parlamento las esposas de Aitor Telleria y del propio Alfredo De Miguel, responsables de la empresa Kataia.

En enero declararán, en total, una docena de personas que tienen derecho a guardar silencio pero están obligados a comparecer por el Reglamento del Parlamento y por el artículo 502 del Código Penal.