madrid. El Congreso autorizó ayer al Gobierno a prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero para consolidar la normalidad en el tráfico aéreo y afrontar la "alarma social" que ha generado la crisis de los controladores. Votaron a favor de esta prórroga el PSOE, CiU, PNV, CC y UPN, mientras el PP se abstuvo alegando que no ha recibido la información solicitada, y el resto de grupos votó en contra.
El compromiso del 85% de la plantilla de controladores de AENA para garantizar el servicio a cambio de que se levantara el estado de alarma no sirvió para parar la prórroga bajo el argumento esgrimido desde Fomento de que la negociación del convenio colectivo que piden los controladores se sitúa al margen de esa declaración.
Desde la tribuna, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, advirtió de las consecuencias "demoledoras" que tendría una situación "siquiera similar" a la del pasado 3 de diciembre, con pérdidas de "miles de millones" de euros. Jáuregui, que defendió la propuesta en presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, argumentó que "ni la sociedad ni el sector han recuperado una percepción de normalidad del tráfico aéreo". Para el Gobierno, la mera incertidumbre representa "un coste inasumible para el país y mientras subsistan las causas subyacentes que provocaron el chantaje", especialmente en días "tan sensibles" como los navideños, tiene "la obligación" de garantizar la normalidad. Jáuregui recordó que hasta el 15 de enero hay programadas más de 100.000 operaciones aéreas, con unos 3,5 millones de pasajeros, de ellos 2,5 millones en vuelos internacionales.
las posturas El Partido Popular se abstuvo porque aseguró que "quieren proteger a los ciudadanos de la incapacidad" del Gobierno para garantizar la normalidad aérea sin echar mano de medios excepcionales. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la prórroga del estado de alarma es una decisión a la que no se oponen pero que tampoco respaldan de "ningún modo".
Para Pere Macías (CiU), la "prioridad" no es otra que garantizar la circulación libre de los ciudadanos, aunque destacó que "no vamos a apoyar otra medida igual a partir del 15 de enero".
Por su parte, el diputado del PNV José Ramón Beloki recordó que la situación vivida fue "muy grave" y es consecuencia de la cesión por parte de las autoridades a las exigencias de los privilegios laborales dados a los controladores.
Por CC intervino Ana Oramas, quien expuso la situación que vivió el archipiélago los días 3 y 4 de diciembre cuando "estuvimos aislados y secuestrados". ERC, IU-ICV, BNG, UPyD y NaBai votaron en contra de la prórroga considerando que no se ha resuelto el problema con los controladores, sino que se ha "anestesiado". Joan Ridao, de ERC, apuntó que la motivación que esgrime el Gobierno para decretar un estado de alarma "vegetativo" es "endeble, escasa y peregrina". Gaspar Llamazares (IU) insistió en que en democracia "el fin no justifica los medios" y menos si implica la "militarización" de la aviación civil.
Uxue Barkos, de NaBai, criticó que el Gobierno recurriera a militarizar a los controladores, algo que "recuerda demasiado a la peor política decimonónica española, hace regresar al siglo XIX".
