Madrid. Javier Couso, el hermano del cámara de Telecinco muerto en Bagdad en 2003, José Couso, ha presentado una demanda ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra, entre otros, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, por "conspiración" para paralizar las investigaciones sobre el asesinato del reportero gráfico a manos de soldados estadounidenses en los primeros días de la Segunda Guerra del Golfo.
La demanda, dirigida contra "funcionarios adscritos a la Fiscalía del Estado", se fundamenta en las revelaciones de los papeles de Wikileaks, que apuntaban a la existencia de contactos entre miembros del ministerio público y de la embajada de EEUU sobre las causas que afectan a intereses norteamerianos que investiga la Audiencia Nacional, entre ellas el denominado caso Couso. Según asegura la familia, el contenido de los papeles de Wikileaks puede ser indicativo de "la existencia de una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración central del Estado y altos cargos gubernamentales españoles, por una parte, y funcionarios de una potencia extranjera por otra parte", para paralizar las investigaciones sobre el asesinato del cámara de Telecinco.
independencia La demanda especifica que estos "funcionarios y dirigentes políticos españoles con funciones gubernamentales", aceptaron "distintas indicaciones e instrucciones impartidas por funcionarios de los Estados Unidos con la finalidad de "interferir en la independencia y las actuaciones de un poder constitucional del Estado, el Poder Judicial, perturbando gravemente la instrucción de una causa judicial por el mero interés político de los EEUU". La familia de Couso indica que los fiscales "podrían haber actuado conforme a lo indicado por funcionarios de una potencia extranjera, causando así perjuicio a ciudadanos españoles y a poderes constitucionales del Estado, y todo ello en claro detrimento de la soberanía nacional española".
El escrito añade que, por el momento ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ni los funcionarios o altos cargos gubernamentales españoles mencionados en los papeles de Wikileaks "han negado la veracidad de los hechos, habiéndose limitado a matizar lo publicado, negar la existencia de responsabilidades penales derivadas de sus actuaciones y restar importancia a dichas informaciones".
