Vitoria. El informe de víctimas de motivación política elaborado por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, y que a partir del miércoles se discutirá en el Parlamento, supone un punto de partida básico, un finísimo alambre que une sensibilidades tan dispares como las del PP o las de Aralar.

Sobre ese esqueleto deben ahora los partidos ir añadiendo la carne y la piel. PSE y PP juegan con ventaja en la Comisión de Derechos Humanos, el foro en el que se trabajará el texto, en virtud del actual juego de mayorías, pero el informe parte de un mínimo común denominador en teoría ya intocable.

Desde el franquismo y hasta la segunda mitad de los años ochenta, el Estado amparó o miró hacia otro lado cuando las fuerzas de seguridad se sirvieron de la violencia como arma de combate ideológico, según el documento elaborado por Unesco Etxea para la Dirección de Víctimas.

PSE y PP, especialmente estos últimos, se dejan pelos en la gatera admitiendo la responsabilidad del Estado en unos supuestos aún por definir, aunque el anterior informe, el que Jon Landa elaboró para el Gabinete Ibarretxe, hablaba de muertos y heridos en manifestaciones, controles de carretera o cárceles, y de secuestros o agresiones sexuales a manos de grupos parapoliciales.

A partir de 1985, se reconoce que ha habido violaciones de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional o la Guardia Civil, pero ya se circunscriben a la decisión individual de cada agente y por tanto, se desligan del ámbito político para convertirse en mera delincuencia. Aquí es donde los partidos nacionalistas parten con desventaja con respecto a sus pretensiones.

En todo caso, es a partir del miércoles cuando toca dar contenido concreto a un texto inicial cuya distribución discreta a los partidos quedó abortada por la filtración del mismo. Dado lo sensible de la materia, y el progresivo aumento de la temperatura política vivido en las últimas semanas en torno al informe, la ruptura del trámite parlamentario, que llevó a Aralar, EA, EB y UPyD a conocer el texto por la prensa, pudo hacer peligrar el frágil consenso de inicio, pero en el Parlamento Vasco ha reinado la prudencia.

Desde el Grupo Socialista se asegura que la intención es mantener discreción absoluta sobre el particular hasta que Maixabel Lasa se siente en la cabecera de la mesa de la Comisión de Derechos Humanos. En el PNV no gusta que la responsabilidad del Estado se limite al periodo anterior a 1985, pero los jeltzales han optado en estos meses por alejar el debate de los focos mediáticos.

Aralar, la formación que con más ahínco ha reclamado el texto -entre otras cosas, porque fue su promotora- ha acogido su presentación incluso con entusiasmo, tal y como explicó su portavoz, Aintzane Ezenarro, el pasado jueves en el Parlamento, pero tampoco hará valoraciones de contenido hasta el miércoles.

La postura de Ezker Batua sobre el informe no dista mucho de la de PNV, EA o Aralar. Mikel Arana se reunirá hoy mismo con Maixabel Lasa para conocer en detalle su contenido.

Ni UPyD ni Eusko Alkartasuna han recibido aún el texto de la Dirección de Víctimas, al que tendrán acceso también esta semana. Ambos partidos carecen de representación en la Comisión de Derechos Humanos, aunque la formación que representa Juanjo Agirrezabala fue la que rompió el silencio ante los continuos retrasos en la presentación del texto, que debía haber sido remitido a la Cámara antes de julio. El viernes Agirrezabala lamentó "las formas" esgrimidas por el Gobierno a la hora de gestionar este asunto, pero rehusó opinar sobre el fondo hasta que no tenga el texto encima de su mesa.

En todo caso, fuentes de la propia Dirección de Atención a las Víctimas revelan que existe mucha "ilusión" ante la "voluntad compartida de avanzar" detectada entre los partidos vascos.